La Ley Crea y Crece entró en vigor en octubre de 2022, aunque actualmente se encuentra a la espera de su desarrollo reglamentario. De la mano de Ángel Bonet, presidente de APIEM, repasamos las implicaciones de la facturación electrónica para las empresas instaladoras del sector de material eléctrico.
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece) introduce cambios significativos para las empresas instaladoras del sector de material eléctrico, destacando la obligatoriedad de emitir y recibir facturas electrónicas respecto a sus transacciones comerciales.
En palabras de Ángel Bonet, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid (APIEM), esta obligatoriedad implica la digitalización de las compañías en cuanto a sus procesos de emisión y recepción de facturas para mejorar el control de pagos y reducir la morosidad.
Del mismo modo, la norma exige que las facturas electrónicas incluyan un sistema que permita la verificación del pago. Otra de las implicaciones son los plazos para su establecimiento:
- Los empresarios y profesionales con una facturación superior a 8 millones de euros deberán tener implantada la facturación electrónica al año siguiente de la aprobación de la normativa, que actualmente se encuentra en desarrollo reglamentario.
- Aquellas compañías con un nivel de facturación inferior a 8 millones de euros deberán instaurar sistemas digitales para la facturación electrónica durante los dos años siguientes a la aprobación de la normativa.
¿Cuáles son las ventajas de la facturación electrónica?
La facturación electrónica es un sistema de emisión, recepción y almacenamiento de facturas en formato digital que ofrece múltiples ventajas para las empresas instaladoras. En primer lugar, reduce los costes operativos, ya que elimina la necesidad de impresión, envío postal y almacenamiento físico de documentos. Además, agiliza los procesos de emisión y recepción de facturas, permitiendo una gestión más eficiente y acotando los tiempos de cobro.
La reducción de errores constituye otro beneficio importante, dado que la facturación electrónica minimiza los fallos humanos en la introducción de datos y evita problemas como facturas duplicadas o incorrectas. “También contribuye al cumplimiento normativo, asegurando que las facturas sean registradas correctamente y facilitando auditorías e inspecciones fiscales”, apunta Bonet.
Por otro lado, la digitalización de la facturación posibilita una mayor trazabilidad y control, lo que facilita la gestión financiera y mejora la planificación de pagos y cobros. A su vez, este sistema tiene un impacto positivo en el medioambiente al reducir el uso de papel y fomentar la sostenibilidad. “La facturación electrónica optimiza los procesos administrativos de las empresas instaladoras y mejora su competitividad en un mercado cada vez más digitalizado”, defiende.
Lucha contra la morosidad
La Ley Crea y Crece introduce medidas para combatir la morosidad comercial, un problema que afecta en particular a las pequeñas y medianas empresas. Como se ha expuesto, una de las principales acciones es la obligatoriedad de la facturación electrónica, lo que permite un mayor control y transparencia en los pagos, favoreciendo el seguimiento de las transacciones y reduciendo el riesgo de impagos. Igualmente, se establecen mecanismos para verificar si las facturas han sido abonadas dentro de los plazos legales.
El impacto de esta normativa es significativo porque fomenta el cumplimiento de los plazos de pago fijados por la Ley de Morosidad. Por lo tanto, esta legislación refuerza la lucha contra la morosidad al dotar a las empresas de mayor seguridad financiera, reducir los riesgos de impagos y fomentar un ecosistema empresarial más sostenible y competitivo. En relación a las sanciones, la Ley Crea y Crece establece penalizaciones principalmente en dos áreas:
- La facturación electrónica y la financiación participativa (método alternativo de obtener fondos a través de plataformas online), que no suele ser común entre las empresas instaladoras. Las compañías que no ofrezcan la opción de facturas electrónicas, o que impidan el acceso a ellas, podrían enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros.
- Morosidad comercial. Pese a que la ley busca reducir los retrasos en los pagos entre empresas, todavía no contempla sanciones económicas directas para quienes incumplan los plazos establecidos. En el futuro, se espera la implantación de un régimen sancionador más específico para reforzar el cumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos.
Un proceso de adaptación
Aun con todas sus ventajas, no hay que olvidar que la facturación electrónica va a representar un desafío para algunas pymes. En primer lugar, requiere una inversión inicial de software y formación para adaptarse al nuevo sistema, lo que supone un esfuerzo económico y de recursos adicionales. También puede existir cierta resistencia al cambio, dado que algunos empresarios y trabajadores no están familiarizados con las herramientas digitales.
Otro inconveniente es la dependencia de la tecnología, puesto que cualquier fallo en los sistemas informáticos o en la conectividad afecta a la emisión y recepción de facturas. De igual manera, las pymes deben garantizar la seguridad y protección de los datos, cumpliendo con las normativas de privacidad y evitando riesgos como el fraude o la pérdida de información.
“La Ley Crea y Crece favorece la agilización, creación y crecimiento de las empresas, aparte de la lucha contra la morosidad comercial al garantizar una mayor trazabilidad de pagos. Todo ello favoreciendo a las empresas instaladoras que manejan un gran volumen de facturas en proyectos y servicios, pues la facturación electrónica supone una mejora sustancial en la rapidez, el control financiero y el cumplimiento fiscal”, concluye el presidente de APIEM.
La única ventaja es para Hacienda, ejerciendo un mayor control sobre las empresas y transacciones comerciales. No hay ninguna medida real para evitar la morosidad si la factura es electrónica o no. Están obligando a tener un coste más de gestión que o lo asume la empresa o repercute al cliente. Con datos objetivos, sí me gusta saber si hay alguna ventaja para la empresa. Lo que indica en el artículo, en mi opinión, no lo son; o debería profundizarse más para que se entiendan las ventajas, en caso de haberlas.