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Greenpeace solicita al Gobierno prohibir las malas prácticas llevadas a cabo en la implantación de renovables

Greenpeace ha publicado un informe en el que se exponen 25 proyectos desarrollados en España. Tras analizarlos, se han identificado 18 casos de malas prácticas en la implantación de energías renovables y tan solo 7 han fomentado la protección de la biodiversidad.

Greenpeace ha realizado el informe ‘Renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad. Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo’, basado en una investigación de Fundación Renovables. En él se analizan un total de 25 proyectos llevados a cabo en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.

Gracias a este estudio, se evidencia que existen casos de malas prácticas. Concretamente, se han detectado un total de 18, mientras que la cifra de buenas prácticas en las iniciativas revisadas se reduce a 7.

“La buena noticia es que es posible hacerlo bien y se está haciendo en muchos sitios. La mala es que ninguna de las comunidades autónomas analizadas se libra de tener malas prácticas en su territorio. Hay empresas que, cegadas por el dinero, intentan repetir el mismo esquema de los combustibles fósiles en la implantación de las renovables, sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades que las acogen y considerando las garantías ambientales como obstáculos o meros trámites que cumplir lo más rápido posible”

Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace

La coordinadora de la campaña hace hincapié en que, para revertir la situación, se necesita prohibir y erradicar las malas prácticas y exigir la obligatoriedad de las buenas, además de ampliar la transparencia y la participación de la ciudadanía en la democratización del sistema energético.

Buenas y malas prácticas

Tal y como apunta Greenpeace en su informe, entre las malas prácticas más comunes se encuentran la fragmentación de proyectos; las afecciones medioambientales; el impacto cultural y arqueológico; la falta de diálogo y participación de las comunidades locales; la expropiación forzosa y el impago de impuestos.

Por otro lado, entre las buenas, cabe destacar la participación temprana de las comunidades locales para influir en los proyectos; el uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos o con otras fuentes de energía; el fomento de empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas; la reducción de las facturas energéticas de empresas locales o personas vulnerables y evitar la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental.

“No estamos en la senda para reducir a cero las emisiones para 2040, así que es clave agilizar la reducción de la demanda, la implantación de energías renovables y el abandono de los combustibles fósiles. No es aceptable, sin embargo, que sea a costa de las garantías ambientales y de la participación ciudadana. Hay alternativas eficaces y viables”

Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace

¿Qué demanda Greenpeace?

Greenpeace señala que todavía falta un importante camino por recorrer en lo que respecta al aumento de la eficiencia y en adecuar, como sociedad, los niveles de consumo y necesidades energéticas con criterios de justicia y responsabilidad social y ambiental.

Asimismo, la ONG solicita al nuevo Gobierno que legisle para que “nadie ponga sus beneficios económicos por encima de las personas y el planeta, ni siquiera en el urgente desarrollo de las energías renovables”.

Por lo citado anteriormente, éstas son algunas de las principales iniciativas propuestas por Greenpeace:

  • Derogar la “tramitación ambiental express” en todas las zonas a excepción de las de baja sensibilidad ambiental a la vez que se introduce de nuevo el trámite de participación pública en este mecanismo.
  • Coordinar con las comunidades autónomas una zonificación ambiental para el despliegue de las renovables en suelo que excluya las zonas protegidas y acelere el desarrollo de renovables en las zonas de baja sensibilidad ambiental (suelos urbanos, industriales, aparcamientos, infraestructuras y zonas degradadas).
  • Introducir mecanismos para priorizar los proyectos más participativos y más respetuosos con la biodiversidad.
  • Publicar directrices obligatorias para proteger y mejorar la biodiversidad local en el despliegue de los proyectos renovables en suelo.
  • Garantizar la participación ciudadana desde las fases más tempranas de los proyectos renovables.
  • Prohibir las actuales malas prácticas empresariales, como la fragmentación de proyectos, desarrollo en áreas protegidas y de alta sensibilidad ambiental, recortar la participación pública o las expropiaciones innecesarias.
  • Transparencia. Publicar en un mapa todos los proyectos en operación y en tramitación, así como la información relacionada con su expediente.
  • Asegurar el acceso a la red eléctrica y priorizar en las subastas a los proyectos renovables ciudadanos y respetuosos con las personas y la biodiversidad.
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