Las políticas gubernamentales para atajar el déficit público se han convertido en una corriente global que está cegando la búsqueda de soluciones alternativas al mero recorte presupuestario en numerosos sectores. Todo se sacrifica al sacrosanto cumplimiento de la llamada consolidación fiscal (expresión salida de los manuales económicos que los ciudadanos nos hemos visto obligados a aprender sobre la marcha), y el sector eléctrico no permanece ajeno a esta espada de Damócles.
Pero en este mercado, como en otros, la voz del poderoso encuentra oídos más receptivos en la Administración que la de otros agentes involucrados. Un ejemplo de ello es lo que ha desvelado la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético: el Gobierno está preparando una regulación al respecto que, presumiblemente, podría ver la luz el próximo día 5 de julio y que supondrá “cercenar el desarrollo del autoconsumo y que no haya alicientes para el ciudadano”, como afirmó José Donoso, director general de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), asociación que forma parte de la plataforma.
En síntesis, mientras el discurso oficial recorre la senda trillada del ‘firme apoyo’ a las energías renovables y la eficiencia energética, los hechos van por otro lado, radicalmente opuesto, ya que el autoconsumo energético (instalaciones sobre tejado en viviendas, edificios e industrias mediante captadores fotovoltaicos o incluso equipamientos de energía minieólica) permitiría reducir los costes energéticos de consumidores, sean ciudadanos o empresas. El Gobierno atiende aquí los intereses de las compañías eléctricas, que realizaron cuantiosas inversiones en centrales de ciclo combinado principalmente en los primeros años de la liberalización del mercado y que ahora, con la crisis económica, no son rentables; “para salvar esas inversiones se está machacando al sector de las energías renovables”, denunció Jaume Margarit, director general de APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), también integrante de la citada plataforma.
Parece que la eficiencia energética que se deriva del autoconsumo no gusta ni a la Administración ni, lógicamente, a las eléctricas, que ven peligrar el status quo en que se mueven; el aumento de los peajes en la tarifa y el incremento del límite de potencia en este tipo de instalaciones (que se prevé que incluya la inminente normativa) impedirá el autoconsumo.
Rozando el absurdo, se podrían producir incongruencias ya que esa regulación entraría en contradicción manifiesta con la legislación aprobada para la certificación energética de edificios, por ejemplo, que establece que un inmueble tendría una mejor etiqueta energética si se instalan equipamientos de energías renovables. Es notoria la ausencia de una política pública integral de eficiencia energética a todos los niveles, que englobe a las tecnologías renovables, y se sigue el dictado de ciertos lobbys. Mientras tanto, España registra un enorme desequilibrio en su balanza de pagos debido a una dependencia energética que llega al 85%. No contamos con reservas de petróleo y gas, pero el país actúa como si así fuera; en cambio, sí tenemos sol y viento a nuestra disposición, pero países como Alemania con muchas menos horas de irradiación solar nos llevan una ventaja sideral. Lo de siempre.
