Con una validez de diez años, este certificado evalúa la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o parte del mismo), tanto en términos de consumo de energía como de emisiones de dióxido de carbono.
Dando cumplimiento al Real
Decreto 235/2013 aprobado por el Consejo de Ministros el día 5 de abril y a la normativa europea, el 1 de junio entró en vigor la obligatoriedad de que el propietario de un edificio facilite un certificado
de eficiencia energética a los
compradores o arrendadores de un inmueble, o de parte del mismo (siempre que
los alquileres tengan una duración superior a cuatro meses).
Con una validez de diez años, este certificado evalúa la eficiencia energética del inmueble
(edificio entero o parte del mismo), tanto en términos de consumo de energía como de emisiones
de CO2, otorgándole una calificación energética en una letra que
variará de la A a la G, para consumo de energía primaria, y otra letra para
emisiones de CO2.
Además de la información objetiva sobre sus características
energéticas, el certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del
inmueble. El objetivo de la medida es fomentar el ahorro y la eficiencia,
así como que el consumidor pueda valorar y comparar la repercusión del gasto en
energía y emisiones de CO2 que va a tener su decisión a la hora de
comprar o alquilar una vivienda.
Se calcula que esta normativa conllevará ahorros anuales de
aproximadamente 32.000 Tep, suponiendo que se realizaran actuaciones de mejora
de la eficiencia energética en un 10% de los edificios certificados y se
consiguiera un ahorro medio de un 20% con las medidas que se adopten.
El Real Decreto afecta a edificios de nueva
construcción y a aquellos existentes que se vendan o alquilen; entre otros,
cabe destacar que están exentas de la certificación energética los edificios
histórico-artísticos , lugares de culto por actividades religiosas, así como
viviendas que tengan un uso inferior a cuatro meses al año, como podría ser,
por ejemplo, un apartamento vacacional.
Una vez más, el gobierno se aprovecha para seguir sacándonos dinero, ya que al realizar una venta de un immueble nos obliga a pagar de nuevo por otro nuevo concepto.
Mi pregunta es: Cual será el siguiente nuevo concepto.
Y nosotros callados como borregos.