Desde la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, detallan los objetivos más relevantes que se requieren a los Estados miembros sobre infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.
AFME ha explicado los puntos básicos del nuevo Reglamento europeo sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos, también conocido por su acrónimo en inglés AFIR.
Esta normativa empezará a ser de obligado cumplimiento a partir del próximo 13 de abril, aunque se establecen otras fechas posteriores para una implantación progresiva de muchos de los requisitos a cumplir por los Estados miembros.
“El grupo de trabajo del vehículo eléctrico de AFME ha realizado un seguimiento activo de todo el proceso de elaboración de esta nueva legislación”, aseveran desde la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico.
AFME: objetivos para el impulso del vehículo eléctrico
Entre los objetivos más relevantes que se requieren a los Estados miembros sobre infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, se encuentran:
- La infraestructura de recarga pública para vehículos ligeros debe crecer al mismo ritmo que la adopción de los automóviles. En este sentido, se establece un requisito de potencia disponible en función del número de vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables matriculados en el estado.
- Las principales vías de transporte por carretera deberán contar con grupos de estaciones de recarga para vehículos ligeros y pesados de las características y en los intervalos que se establecen en la propia legislación (por ejemplo, cada 60 kilómetros en el caso de vehículos ligeros).
- Se establecen requisitos para el suministro de electricidad en los puertos marítimos y para aeronaves estacionadas en aeropuertos.
- Se definen los requisitos para garantizar la interoperabilidad de las tomas y conectores de coches de categoría L (vehículos con menos de cuatro ruedas) y para autobuses.
De igual modo, “la nueva legislación introduce requisitos para garantizar la carga puntual en estaciones públicas y la transparencia de los precios por operación aplicados tanto por el operador de la estación de recarga como por el prestador de servicios de recarga”, concluyen.
