Para la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el sistema de facturación electrónica supone una “buena herramienta” para conocer los plazos de pago del sector público, lo que facilitaría al futuro Observatorio de la Morosidad (previsto en la Ley Crea y Crece) realizar sus funciones de control y análisis.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado de que el reglamento de facturación electrónica “continúa atascado, ahora en manos del Consejo del Estado y sin vistas a ser agilizado a corto plazo, por lo que no se puede implantar en la Ley Crea y Crece”.
Desde la entidad, también han advertido que, en el momento en que este reglamento se implante, “será necesario readaptar por completo el sistema de facturación electrónica al modelo europeo (proyecto ViDA), con impacto humano y de coste para pymes y autónomos y para los prestadores de servicios informáticos (especialmente los más pequeños)”.
En este sentido, el presidente del organismo, Antoni Cañete, ha señalado que el sistema de facturación electrónica es “una buena herramienta” para conocer los plazos de pago del sector público, lo que “facilitaría al futuro Observatorio de la Morosidad realizar sus funciones de control y erradicar la lacra de la morosidad”.
No obstante, para que el sistema sea “realmente valioso”, deberían realizarse varias mejoras.
Facturación electrónica: registrar la fecha de prestación
La primera de ellas debería ser la obligatoriedad de registrar la fecha de prestación del servicio o entrega del bien, ya que “este es el día que tanto la Directiva Europea como la Ley de Morosidad de nuestro país indican para empezar a computar el plazo de pago”.
En los sistemas de facturación actuales, este campo no es obligatorio y se pueden incluir otras tres fechas de registro distintas, lo que el presidente de la PMcM califica como un “sinsentido”.
“Si a través de la facturación electrónica pudiéramos disponer del dato de la fecha de prestación del servicio o entrega del bien, podríamos calcular el periodo de pago real. Es un hecho constatado que desde esa fecha hasta el cobro de la factura pueden pasar días, semanas e incluso meses”, apunta Cañete.
Otra de las mejoras que la PMcM ve necesario incorporar en la facturación electrónica es que, en las licitaciones públicas, los contratistas facilitaran a sus subcontratados la documentación para que éstos pudieran informar del estado. De esta manera, la comisión de control de la morosidad puede disponer de toda la trazabilidad a nivel de contrato y escalar a nivel de licitación.
Más propuestas de la PMcM
En tercer lugar, la plataforma considera que sería positivo conseguir que “todas las facturas tratadas confirmen a los Puntos Generales de entrada de facturas la fecha de pago”. El objetivo es saber cuántas están pagadas y cuántas no.
Actualmente, hay un “conjunto grande de facturas cuyo estado está sin precisar”. Así lo ha constatado la PMcM tras realizar un análisis del informe elaborado por PIMEC sobre el comportamiento de las facturas al sector público tramitadas en los diferentes Puntos Generales de entrada mediante el servicio Pimefactura durante 2022.
Según el estudio, un 12,33 % de las facturas tratadas no confirmaron a los Puntos Generales de entrada de facturas su fecha de pago, si es que éste se llegó a producir, representando el 12,05 % del importe de las facturas analizadas.
Del mismo informe se desprende que las Administraciones Públicas solo pagaron en plazo durante 2022 el 35,18 % del montante que adeudaban a sus proveedores. El 45,83 % de las facturas tratadas se declararon pagadas fuera del plazo legal de 30 días.
Para Antoni Cañete, con estas mejoras “podríamos obtener una radiografía real de lo que está sucediendo en nuestra economía y conocer el verdadero impacto de la lacra de la morosidad, que afecta especialmente a pymes y autónomos en el complejo contexto actual”.
