Javier García Breva, coautor de este informe, señala que los consumidores no pueden beneficiarse de las rebajas que se producen en el mercado mayorista por la mayor producción de renovables.
La reforma eléctrica
carece de una estrategia energética a medio y largo plazo, lo que ha provocado
que la inseguridad jurídica y el riesgo regulatorio sea el método que determina
la modificación de las normas sin un horizonte claro. Esta es la principal
conclusión del Informe IPM “Seguridad
Jurídica en Renovables”, elaborado por IMedia y del que son coautores Javier García Breva y José Antonio Martín Pallín, que se
presentó en rueda de prensa la pasada semana.
Según los datos aportados por Javier García Breva, experto
en políticas energéticas y presidente de N2E, la reforma ha confundido la
sostenibilidad económica del sistema
eléctrico con la sostenibilidad de los ingresos
del sector eléctrico, y mientras no se distingan ambos conceptos no se
conseguirá el control de los precios de la energía ni del déficit de tarifa.
La volatilidad del precio
mayorista de la energía ha provocado que los consumidores estén pagando
sistemáticamente un sobreprecio en el
recibo de la luz por encima del precio de mercado, lo que les impide además
beneficiarse de las rebajas que se producen en el mercado mayorista por la
mayor producción renovable. La reforma eléctrica debería de partir de este
hecho objetivo para conseguir unos precios más baratos de la energía. Las
medidas que se están tomando no van a proteger al consumidor de la volatilidad
del mercado mayorista.
Mientras la evolución de los precios del mercado mayorista de diciembre de 2013 a febrero 2014
ha bajado un 58% por la mayor producción renovable, el precio intervenido por
el Ministerio de Industria es un 47% superior al precio de mercado. Este hecho
significa que el consumidor está pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo
de la luz.
“Por el impacto que puede tener en la actividad económica y
en el empleo, la reforma debería rectificarse inmediatamente y abrir un debate
sobre la elaboración de una hoja de ruta energética de España para 2030 con el
último objetivo de dar seguridad a las inversiones y de garantizar la
recuperación económica de todos los sectores consumidores de energía” afirma
Javier García Breva, presidente de N2E.
