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Javier Garcia Breva (en primer término a la izda.), junto a África Orenga, directora de IMedia Comunicación, y José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en la presentación del informe.

De acuerdo con el informe IPM “Seguridad jurídica en renovables”

El consumidor paga un sobreprecio en el recibo de la luz

Javier García Breva, coautor de este informe, señala que los consumidores no pueden beneficiarse de las rebajas que se producen en el mercado mayorista por la mayor producción de renovables.

La reforma eléctrica carece de una estrategia energética a medio y largo plazo, lo que ha provocado que la inseguridad jurídica y el riesgo regulatorio sea el método que determina la modificación de las normas sin un horizonte claro. Esta es la principal conclusión del Informe IPM “Seguridad Jurídica en Renovables”, elaborado por IMedia y del que son coautores Javier García Breva y José Antonio Martín Pallín, que se presentó en rueda de prensa la pasada semana.

Según los datos aportados por Javier García Breva, experto en políticas energéticas y presidente de N2E, la reforma ha confundido la sostenibilidad económica del sistema eléctrico con la sostenibilidad de los ingresos del sector eléctrico, y mientras no se distingan ambos conceptos no se conseguirá el control de los precios de la energía ni del déficit de tarifa.

La volatilidad del precio mayorista de la energía ha provocado que los consumidores estén pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo de la luz por encima del precio de mercado, lo que les impide además beneficiarse de las rebajas que se producen en el mercado mayorista por la mayor producción renovable. La reforma eléctrica debería de partir de este hecho objetivo para conseguir unos precios más baratos de la energía. Las medidas que se están tomando no van a proteger al consumidor de la volatilidad del mercado mayorista.

Mientras la evolución de los precios del mercado mayorista de diciembre de 2013 a febrero 2014 ha bajado un 58% por la mayor producción renovable, el precio intervenido por el Ministerio de Industria es un 47% superior al precio de mercado. Este hecho significa que el consumidor está pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo de la luz.

“Por el impacto que puede tener en la actividad económica y en el empleo, la reforma debería rectificarse inmediatamente y abrir un debate sobre la elaboración de una hoja de ruta energética de España para 2030 con el último objetivo de dar seguridad a las inversiones y de garantizar la recuperación económica de todos los sectores consumidores de energía” afirma Javier García Breva, presidente de N2E.

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