Javier García Breva, José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo, y Jaume Margarit, director general de APPA, hablarán sobre los instrumentos jurídicos al alcance de los inversores en fotovoltaica para afrontar la reforma gubernamental.
Javier García Breva,
a través de su Oficina operada por Imedia, convoca el próximo 11 de diciembre
la jornada “Fundamentos de una estrategia procesal ante la reforma eléctrica”, que tiene el objetivo de presentar a los inversores fotovoltaicos los
instrumentos y argumentos jurídicos que se encuentran a su alcance para afrontar
las consecuencias de la nueva reforma. Este encuentro tendrá lugar en Madrid y contará
con la participación magistral de José
Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo, y Jaume Margarit, director general de APPA (Asociación de Productores de
Energías Renovables).
La inseguridad jurídica es la consecuencia más importante de
la reforma eléctrica, al modificar significativamente las condiciones en que se
realizaron las inversiones en renovables, y supone un grave riesgo para todos
aquellos proyectos que se ejecutaron y financiaron confiando en las normas que
lo hacían posible en su momento.
La nueva regulación incumple las Directivas Europeas: la Directiva de Renovables (2009), la Directiva de Eficiencia de Edificios
(2010), que no se ha transpuesto al ordenamiento jurídico nacional, y la Directiva de Eficiencia Energética
(2012), en periodo de transposición. Los informes de la CNE, de la CNC y del
Consejo de Estado sobre el anteproyecto
de Ley del sector eléctrico conforman una excelente base de trabajo para el
enfoque jurídico de las reclamaciones que van a surgir a partir de enero de
2014.
“El carácter preferente y no discriminatorio de las
renovables es el principio que fundamenta la Directiva de Renovables 2009/28/UE
y el desarrollo de las renovables en Europa, y tanto la retroactividad que se
aplica en España a las instalaciones fotovoltaicas como el trato
discriminatorio que para todas las renovables se establece en esta reforma hace
urgente una línea de defensa jurídica que asegure las inversiones realizadas y
los objetivos para 2020. Sobre estos parámetros estamos trabajando en La
Oficina de JGB con el apoyo de Life Abogados”, ha señalado García Breva.