El ejecutivo ha dado luz verde a una inversión de 525 millones para digitalizar las redes de distribución e impulsar los puntos de recarga de alta capacidad, así como a otra serie de medidas, entre las que se incluyen bonificaciones fiscales para la implantación de cargadores y la puesta en marcha de un régimen sancionador más severo.
El Gobierno aprobó la semana pasada sendos Reales Decretos para impulsar la digitalización de las redes de distribución eléctrica e impulsar la infraestructura de puntos de recarga para vehículos eléctricos en nuestro país. Ambos textos han sido muy bien acogidos por asociaciones del sector como FENIE y AEDIVE, pues recogen algunas de sus demandas históricas.
En primer lugar, el Real Decreto 1125/2021, publicado en el BOE el pasado 22 de diciembre, establece una inversión de 525 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación para la digitalización de las redes de distribución y el desarrollo de infraestructuras destinadas a la conexión de puntos de recarga de acceso público de potencia superior a 250 kW.
Las empresas distribuidoras recibirán estas ayudas de forma proporcional a su representatividad hasta 2023 y para ello tendrán que implantar herramientas digitales de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas que permitan gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y puntos de recarga.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 29/2021, publicado, también, el 22 de diciembre, sustituye la obtención de licencias o autorizaciones previas por declaraciones responsables y facilita el régimen de autorizaciones para instalar puntos de recarga en terrenos colindantes a carreteras del Estado. En la misma línea, abre la puerta al establecimiento de obligaciones concretas y plazos para la instalación de puntos de recarga de alta capacidad.
Asimismo, el texto establece las nuevas exigencias para el despliegue de puntos de recarga en edificios existentes de uso distinto al residencial privado que cuenten con un aparcamiento de más de 20 plazas, así como en los estacionamientos existentes no adscritos a ningún edificio; en ambos casos, deberán contar una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 1.000 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o fracción. Estos requisitos son más exigentes en el caso de edificios de la Administración.
Otras medidas interesantes: El RDL facilita que los ayuntamientos desarrollen bonificaciones de hasta el 50 % en el IBI de aquellos edificios en los que se instalen cargadores para vehículos eléctricos y abre la puerta a bonificar hasta el 90 % de las obras necesarias para instalar puntos de recarga. Por otro lado, se incorpora un régimen sancionador para penalizar el incumplimiento de plazos por parte de la distribuidora que establece tres infracciones en función del perjuicio que cause a los intereses generales y particulares.
Reacciones de FENIE y AEDIVE
En líneas generales, ambas organizaciones han acogido de forma positiva estas medidas. “El RD 29/2021 incluye normas necesarias para agilizar el despliegue de las instalaciones de autoconsumo y las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico. La Federación se considera satisfecha con el trabajo que ha realizado junto a la Administración, que ha tenido en cuenta gran parte de las nuestras propuestas”, afirman fuentes de FENIE.
En la misma línea, AEDIVE señala que el RDL “responde en gran medida a los reclamos que desde hace tiempo lleva a cabo la Asociación para eliminar barreras en el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico”.
“Este RDL actúa sobre uno de los aspectos más críticos para la movilidad eléctrica, como es el desarrollo de la infraestructura de recarga pública, en particular aquella de alta capacidad, que detrae a muchos compradores de la decisión de adquirir y usar los vehículos eléctricos en desplazamientos interurbanos de larga distancia”, añaden desde la organización.
