Algunas entidades financieras están en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por posibles conductas desleales que podrían estar relacionadas con un falseamiento de la libre competencia.
El Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, ha aprobado este viernes, 10 de abril, el acuerdo por el que se activa el segundo tramo de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas y autónomos que, por importe de 100.000 millones de euros, acordó el Gobierno el pasado 17 de marzo.
Según informa Moncloa, este nuevo tramo, de 20.000 millones de euros, iguala en importe al anterior y el 100 % de los fondos serán destinados a avales de operaciones de pymes y autónomos. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este segundo tramo “antes del consumo total del primero, y con el objetivo -asegura el Ejecutivo- de cubrir todas las posibles operaciones en cartera y permitir que entidades que estén cerca de agotar el cupo que tenían asignado en el primer tramo puedan seguir haciendo fluir el crédito”.
Algunas entidades financieras, en el punto de mira de la CNMC
Y son precisamente algunas entidades bancarias las que están en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), porque tras la activación, el pasado 6 de abril, del primer tramo, una vez que el ICO firmó convenios de colaboración con distintas entidades financieras, este organismo ha recibido medio centenar de consultas y denuncias de particulares y empresas.
Según ha hecho público la CNMC, algunas de estas denuncias han dado lugar al inicio de investigaciones relacionadas, entre otras, con el sector financiero. En lo que respecta a este sector (también hay investigaciones abiertas relacionadas con servicios funerarios), se está analizando la exigencia, por parte de algunas entidades, de una garantía adicional a la concesión de préstamos garantizados con el aval del ICO; en particular, la suscripción de un seguro de vida.
La CNMC está investigando si tal exigencia podría constituir una conducta desleal que, por fasear la libre competencia, afecte al interés público en el contexto de la crisis derivada del COVID-19. Pero es que, además, en las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para poner en marcha la línea de avales se especificaba que las entidades financieras no podrían “condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto“.
Y en este condicionante establecido por el Gobierno se ha vuelto a incidir tras activar, este viernes, 10 de abril, el segundo tramo de la línea de avales. Reza la nota emitida por el Ejecutivo que el acuerdo alcanzado hoy en Consejo de Ministros refuerza y precisa las previsiones del anterior, entre ellas “se incluye la prohibición de que las entidades comercialicen otros productos o servicios, o condicionen la concesión del préstamo avalado a su contratación”.
Más de 44.000 operaciones de financiación, según Moncloa
Según la información que las entidades financieras han registrado ante el ICO tras la activación del primer tramo de la línea de avales, se habrían llevado a cabo más de 44.000 operaciones de financiación, por un importe avalado de 3.533 millones de euros, lo que habría permitido la concesión de más de 4.550 millones de euros de financiación. Siempre según los datos que ha facilitado Moncloa.
Y siguiendo con esos datos, del total de operaciones, el 99 % correspondería a nuevos préstamos y renovaciones de autónomos y pymes, por un importe avalado de 3.360 millones de euros, para préstamos por más de 4.200 millones de euros. “Un total de 86 entidades financieras han suscrito ya los correspondientes acuerdos de colaboración y pueden, por tanto, distribuir la financiación con aval del Estado a los clientes que la necesiten”, señala el Ejecutivo.
Buzón de denuncias de la CNMC
El pasado 31 de marzo, la CNMC anunció el lanzamiento de un buzón (covid.competencia@cnmc.es) para centralizar todas las denuncias y consultas relacionadas con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del COVID-19.
Se trata de un canal específico para que ciudadanos y empresas realicen cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en el contexto actual de la pandemia como, por ejemplo, abusos de posiciones dominantes mediante precios excesivos; acuerdos anticompetitivos entre operadores; o conductas desleales consistentes en engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria.
Además, este buzón está a disposición de las empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis y poder así evaluar su compatibilidad con las normas de competencia.
