El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer, 17 de marzo, un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. De esa cantidad, 117.000 millones serán públicos y resto provendrá del sector privado.
Hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, es el volumen de recursos que movilizará el Gobierno para afrontar las consecuencias del coronavirus. Así lo anunció ayer, 17 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia pública tras el Consejo de Ministros, en la que detalló los principales aspectos del Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
De esa cantidad, 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el resto procederá de la movilización de recursos privados. Esta norma refuerza las iniciativas implementadas en el plan de medidas excepcionales acordadas el pasado 12 de marzo, donde se habilitaron 18.225 millones de euros y se aprobó flexibilizar los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses por parte de autónomos y pequeñas y medianas empresas, para evitar posibles tensiones de tesorería.
Aportar liquidez a las empresas
El presidente del Ejecutivo puso el acento en que el Gobierno “no permitirá que los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia”. Así, el Gobierno ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico, si también se incorpora el sector privado.
Por tanto, de los 117.000 millones de euros que aportará el Estado, 100.000 millones corresponden a aportaciones y avales en caso de que los créditos que concedan las entidades financieras resulten impagados. Habrá que ver cuántos préstamos van a solicitar las empresas y, con la gran mayoría del país confinada en casa, cómo se realizarán y se concederán esos préstamos, entre otras cuestiones.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización. Las Administraciones Públicas también ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público.
Medidas de protección del empleo
El conjunto de medidas destinado a reforzar la protección al empleo, según expuso el presidente, contempla que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo para atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis. Asimismo, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad, cuando las circunstancias lo permitan.
Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs), que beneficiarán a todos los trabajadores. “Los ERTEs causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido”, explicó Pedro Sánchez; hay que añadir que esta prestación no contabilizará para una prestación por paro futura del trabajador.
Cabe aclarar, en este sentido, que un trabajador afectado por un ERTE cobra el 70 % de la base reguladora (la media de los últimos seis meses del salario sin horas extraordinarias) durante los seis primeros meses y el 50 % a partir del séptimo mes. A efectos empresariales, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social; y, dado que la relación laboral continúa, no se pagan indemnizaciones por despido.
El jefe del Ejecutivo subrayó que estas medidas priorizan la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores y ha instado a los empresarios a que no despidan a sus empleados.
Situación de los autónomos
Además, se flexibiliza el acceso al cese de actividad para los autónomos, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Este colectivo, del que la gran mayoría de instaladores del sector forma parte, tendrá facilidades para que pueda cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
No obstante, Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), pone de relieve la indefensión del colectivo de autónomos ya que la petición de suspender las cuotas y cotizaciones durante dos meses no ha sido concedida por el Ejecutivo; por otra parte, desde UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), valoran positivamente el que los autónomos puedan disfrutar de una prestación por cese de actividad temporal, y el que los autónomos empleadores y los societarios puedan acceder sin dificultad a esta prestación.
En el caso de la prestación para autónomos, la cuantía de dicha prestación, que duraría un mes pero se podría prorrogar, se calculará con el 70 % de la base reguladora o con el 70 % de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.
Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.