Esta ley, puntera en la lucha contra el cambio climático, fija el camino para hacer efectiva la transición hacia las energías limpias en las Islas Baleares.
El Parlamento de las Islas Baleares aprobó el pasado 12 de febrero su propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con este decreto, pionero en el ámbito estatal y también europeo, el Gobierno Balear quiere situar a las Islas en la vanguardia de la transición hacia las energías limpias. El objetivo es que en 2050 las Baleares sean unas islas totalmente limpias.
Para conseguir unas islas libres de combustibles fósiles y con el 100 % de energías renovables en 2050 es necesaria la implicación y el compromiso tanto de organismos públicos como privados como de toda la sociedad. Así, para el 2030 las previsiones son disponer de un 35 % de renovables, un 23 % de reducción del consumo energético y una disminución del 40 % de las emisiones contaminantes.
Principales medidas a amplicar
Para lograr estos objetivos la ley contempla una serie de medidas para potenciar el uso generalizado de las energías renovables. Para ello será obligatorio instalar placas solares en los grandes aparcamientos y en las nuevas edificaciones. En el caso de los aparcamientos, están obligados a incorporar placas fotovoltaicas los nuevos de más de 1.000 m² y los existentes de más de 1.500 m². También deberán instalar placas solares los edificios nuevos de más de 1.000 m² y aquellos en los que se realice un cambio de uso o reforma integral, con la excepción de si la cubierta es de fibrocemento.
En cuanto a la movilidad, la ley prevé disponer 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100 % del parque móvil descarbonizado en 2050. Para lograrlo a partir de 2025 se prohibirá la circulación de coches y motos diésel (excepto los ya existentes en las islas). Por su parte se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas contaminantes en 2035 y se incluirá de forma progresiva y obligada vehículos eléctricos o no contaminantes en las empresas de alquiler de vehículos a partir de 2020 (2 % inicial) hasta llegar al 100 % en 2035.
Asimismo, la ley contempla que en 2025 todo el alumbrado público de las islas tiene que ser de bajo consumo. Además, las grandes y medianas empresas deberán a partir de 2020 calcular y registrar su huella de carbono, y en 2025 presentar y ejecutar planes de reducción con objetivos vinculantes.
Nuevos organismos públicos
En materia de eficiencia energética esta Ley también crea una serie de organismos públicos encargados de garantizar y velar para hacer efectiva la transición energética y la coordinación y la aplicación de la estrategia de lucha contra el cambio climático.
Entre estos organismos se encuentran:
- El Consejo Balear del Clima, que garantizará la participación permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones.
- El Comité de Expertos, que graduará y adecuará el cumplimiento de objetivos a la situación real de cada momento.
- El Instituto Balear de la Energía (IBE), que se encargará de fomentar y ejecutar las actuaciones en materia de eficiencia, de gestión y de ahorro energéticos, y de energías renovables, así como la elaboración de análisis y estudios relacionados con el cambio climático y la transición energética.
Acciones paralelas a la ley
Previamente a la aprobación de esta Ley y de forma paralela, el Gobierno Balear ha ido adoptando medidas que preparan a las islas para abordar esta transición energética en condiciones.
Así, ha destinado más de 8,5 millones de euros a ayudas a empresas, particulares y administraciones locales para la instalación de sistemas de autoconsumo (placas fotovoltaicas, mayoritariamente).
Se ha abierto un concurso dotado con 12 millones de euros para instalar una red de puntos de recarga rápidos y semirrápidos para vehículos eléctricos que permitirá llegar a los 1.000 puntos de recarga si se suman a los ya existentes.
Se han destinado también ayudas para la instalación de puntos de recarga dirigidas a los colectivos de la hostelería, talleres mecánicos y rent a car. A día de hoy, Balears es la comunidad autónoma con más puntos de recarga per cápita.
El contrato de suministro eléctrico para el conjunto de las instalaciones de la Comunidad Autónoma exige el uso exclusivo de energía procedente de fuentes renovables.
Asimismo, el Gobierno de las Islas plantea un plan de cierre de las centrales energéticas contaminantes y ha reclamado desde el inicio de esta legislatura al Gobierno del Estado subastas específicas de energía para las islas, con el objetivo de potenciar la instalación de parques fotovoltaicos. Se han comprometido 40 millones de euros.
La propia Administración de las Islas Baleares está dotando progresivamente de sistemas de autoconsumo sus propios edificios, instalaciones y servicios. Se ha pasado en tres años de 520 kilovatios de potencia instalados a 2.388 kilovatios a finales de 2018.
También se ha desarrollado un plan específico para convertir a la isla de Menorca en territorio pionero de la Unión Europea en energías renovables. La estrategia Menorca 2030 implica a la Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno de las Islas Baleares, Gobierno insular y ayuntamientos con un plan de acción que fija una isla con el 85 % de energía renovable en 2030, avanzándose a los acuerdos internacionales.
