Países como Italia, Portugal y España serían algunos de los países afectados, tal y como señala el informe de la comisión europea sobre morosidad en las transacciones entre empresas, tal y como indica la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
Los problemas de flujo de caja y la pérdida de ingresos son algunas de las consecuencias que acarrea la morosidad y que impide a las empresas poder invertir y crecer, y, repercute directamente sobre el PIB y el empleo nacionales. Así lo indica la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) atendiendo a los datos del último informe sobre la morosidad en las transacciones entre empresas elaborado por la Comisión Europea.
Según dicho informe, unos 6,5 millones de puestos de trabajo podrían haberse creado en Europa si hubiera habido menos retrasos en el pago de facturas a proveedores. Los problemas de flujo de caja, señala la PMcM, pueden dificultar la liquidez de las empresas, y, en casos extremos, puede derivar en despidos e, incluso, pueden conducir a la quiebra de la empresa, tal y como afirman casi una de cada cinco empresas del sur de Europa (concretamente España, Grecia, Croacia y Rumanía).
En esta línea, la Comisión Europea señala en su informe que, por ejemplo, la eliminación de la morosidad crónica en Italia, Portugal y España reduciría entre 124.000 y 248.000 los cierres de empresas cada año. Por ello, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, insiste en poner en marcha las recomendaciones de la Comisión para obtener un flujo de caja más saludable.
Recomendaciones de la UE contra la morosidad
Una de las recomendaciones que da la Comisión Europea es que las pymes se formen en gestión de créditos para conocer técnicas de control eficaces con las que acortar el período medio de cobro y mantener un flujo de caja óptimo, reduciendo así el riesgo de impago y aumentando el potencial de crecimiento.
Asimismo, recomienda instaurar un régimen sancionador, que en España se pondrá en marcha este año y prevé multas de hasta más de 800.000 euros. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el régimen sancionador es “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad; con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
