El Congreso de los Diputados aprobó, el 21 de julio, el desarrollo del régimen sancionador, pero lo aprobado "no es vinculante", según fuentes del PSOE consultadas por 'Cuadernos de Material Eléctrico'.
El Congreso ha dado un paso más hacia el régimen sancionador contra las empresas morosas, pero todavía queda camino por recorrer. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), sus empresas asociadas, y muchas otras entidades representativas de pymes y autónomos han celebrado este paso hacia adelante que se produjo el pasado 21 de julio en la Cámara Baja, pero no es la primera vez que un régimen sancionador está a punto de ser aprobado… y finalmente no se aprueba.
El 21 de julio se votó en el Pleno del Congreso el Dictamen que había elaborado la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se constituyó con motivo de la crisis del COVID-19. La parte relativa a la Reactivación Económica, que constaba de 140 propuestas, fue aprobada por un estrecho margen de votos: 172 a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. Entre las propuestas aprobadas se encontraba la de desarrollar un régimen sancionador contra empresas morosas, aspecto éste que el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, expuso durante su comparecencia ante la citada Comisión.
En el texto original elaborado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica figuraba la siguiente propuesta: “Luchar contra la morosidad empresarial mediante la implementación de un régimen sancionador antes de finalizar el año 2020. Actualmente la morosidad empresarial es una herramienta utilizada por las grandes empresas que asfixia financieramente a pymes y trabajadores autónomos. Por ello es necesaria implementar de manera inmediata un régimen sancionador para desincentivar esta mala praxis”.
La propuesta no es vinculante
Sin embargo, una enmienda transaccional (que es la enmienda que introduce matices al texto original) presentada por el PSOE y Junts Per Catalunya modificó algunos aspectos de la redacción inicial, quedando de la siguiente manera: “Con objeto de incrementar la liquidez de las pymes y los autónomos, y mejorar su competitividad y productividad, aprobar un régimen sancionador que contribuya a evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reduciendo de esta manera la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes”. Se eliminaba, por tanto, la referencia a la necesidad de que el régimen sancionador se pusiera en marcha antes de finalizar 2020.
Fuentes del PSOE consultadas por ‘Cuadernos de Material Eléctrico’ explican que “lo normal es que el Gobierno tenga en cuenta la propuesta, al igual que el resto de propuestas aprobadas en el Pleno”, pero eso no quiere que finalmente se apruebe un régimen sancionador, entre otras cosas porque el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción aprobado el pasado 21 de julio “no es vinculante“, es decir, que el Gobierno “no está obligado” a cumplir lo que en él se indica… “aunque lo lógico -insisten estas fuentes- es que lo tenga en cuenta”.
No obstante, Cañete confirmó en rueda de prensa telemática que sí veía “factible” la aprobación de este régimen en 2020, un régimen que viene siendo reclamado ‘históricamente’ por asociaciones del sector como AFME, ADIME y Anfalum, entre otras.
