El presidente de la PMcM se muestra tajante con respecto a este asunto: "Las empresas y los autónomos estamos perdiendo sangre, necesitamos urgentemente que se produzca una transfusión que no puede esperar; si no, llegaremos tarde en muchos casos".
Si las Administraciones públicas pagasen las facturas del mes en curso y las pendientes de pago, las empresas tendrían alrededor de 14.000 millones de euros de liquidez. Así lo ha puesto de manifiesto la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha instado al Gobierno a que se abonen esas facturas, que, además, “no tendrían coste ni riesgo de impagos para las arcas públicas”, ha señalado la PMcM en un comunicado.
Y no habría riesgo de impagos porque, a diferencia de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunciados por el Ejecutivo tras el decreto del estado de alarma por el COVID-19, “sólo supone atender a los pagos pendientes dentro de los límites legales de pago fijados para las Administraciones públicas”, según explica el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. La Plataforma ha hecho el cálculo de los 14.000 millones de euros analizando los datos de morosidad de 2019, “que no deben ser muy diferentes de los actuales”, precisa Cañete.
El presidente de la PMcM se muestra tajante con respecto a este asunto: “Las empresas y los autónomos estamos perdiendo sangre, necesitamos urgentemente que se produzca una transfusión que no puede esperar; si no, llegaremos tarde en muchos casos”. Los 14.000 millones de euros pendientes de pago “tendrían en nosotros un efecto muy positivo y necesario”, agrega.
Esta reclamación de la PMcM está basada en los datos que la Plataforma hizo públicos en su ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019’, en el que se concluía que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público un 3 % durante el pasado ejercicio, alejándose, cada vez, más de lo que establece la ley.
Otras reclamaciones de la PMcM
Por otra parte, la PMcM también denuncia que, “a estas alturas, todavía no se han establecido los mecanismos y condiciones de concesión” de la línea de fondos de crédito ICO anunciados por el Gobierno, y que en algunas comunidades autónomas el procedimiento para obtenerlos “no es ágil”.
En lo que se refiere a la suspensión de los contratos públicos afectados por la crisis del coronavirus, la PMcM advierte de que las medidas de protección a los contratistas -mediante la concesión de subvenciones por las pérdidas incurridas por la cancelación temporal de dichos contratos- “no tienen su reflejo sobre los subcontratistas implicados en los mismos contratos, que no podrán beneficiarse de las mismas subvenciones, teniendo en cuenta que estos son principalmente pymes y autónomos“.
Asimismo, la PMcM insta a que se elimine, para la próxima liquidación del IVA, la anticipación a la Hacienda Pública del IVA facturado y no cobrado. Las pymes y autónomos no pueden continuar siendo los “banqueros financiadores de la Hacienda Pública, y menos en estos momentos y situación”, denuncia Cañete. En esta línea, la PMcM también ha reclamado la devolución automática del IVA pendiente de compensar solicitado por pymes y autónomos en la liquidación del IVA en enero de 2020.
