Las elecciones se celebrarán presumiblemente en febrero de 2019, tras la sentencia judicial que declara la nulidad del proceso electoral de mayo de 2015, y que insta a la convocatoria de nuevos comicios.
Ángel Bonet, presidente de APIEM (Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones de Madrid), informó en rueda de prensa el pasado 10 de octubre su intención de presentar su candidatura a las elecciones previstas para febrero de 2019, después de que el Juzgado de Primera Instancia núm. 69 de Madrid, ordinario 825/2015, emitiera sentencia firme declarando la nulidad del proceso electoral a la Junta Directiva de APIEM (celebrado el 13 de mayo de 2015), e instando a la convocatoria de unas nuevas elecciones.
Esta sentencia firme es el resultado de la demanda interpuesta por la candidatura encabezada por Geyser, S.A. (que obtuvo 94 votos frente a los 368 a favor de la candidatura encabezada por Tesein 388, S.L.), al considerar que se habían producido “defectos de forma” durante el proceso electoral.
“Somos conscientes de que el proceso electoral es mejorable, pero somos empresas instaladoras que no conocemos los entresijos formales, y de haber detectado esa irregularidad no hubiéramos seguido adelante”, detalló Bonet.
Presiones al personal
El presidente de APIEM también aseguró en este encuentro con la prensa que, desde la interposición de la demanda en 2015, la candidatura opositora ha iniciado una campaña de descalificaciones, de escasa repercusión, bajo un pseudónimo contra la asociación “ensuciando su nombre y desprestigiándola” y en la que “se han sobrepasado líneas rojas como presiones al personal”, aclaró; “y puesto que el proceso electoral de 2015 ha sido invalidado, los últimos cuatro años de mi presidencia no cuentan, lo que me abre la puerta a poder presentarme de nuevo a las elecciones”, añadió.
Ismael Costero, asesor jurídico de APIEM, explicó las dos grandes diferencias entre el proceso electoral de 2015 y los anteriores. “Las elecciones de 2015 fueron las primeras que se celebraron bajo la órbita de los nuevos estatutos que obligaban a crear una Junta Electoral”, y que además establecían que la junta saliente no tenía intervención en las elecciones. Costero declaró que, siendo consciente de que el proceso electoral puede ser mejorable, “no ha habido ninguna irregularidad grave que haya podido desnivelar los resultados finales de las elecciones de 2015”.
Asimismo, ante las amenazas y acusaciones que han sufrido algunos empleados, el asesor jurídico de APIEM se mostró muy firme: “el personal de la casa tiene que trabajar para organizar la logística de las elecciones, forma parte de su trabajo, pero eso no significa en ningún caso manipulación por parte de los empleados”.
La sentencia obliga a convocar elecciones en un máximo de dos meses, desde su ejecutabilidad. Posteriormente, se entra en un periodo de 50 días de campaña electoral. Teniendo en cuenta estos plazos, Costero estima que en el mes de febrero podrán celebrarse las elecciones.
Transparencia en la gestión
Por su parte, Desireé Fraile, directora general de APIEM, quiso dejar claro que “hay que ser lo más transparente posible porque la asociación no tiene nada que ocultar y debe ofrecer la versión de los hechos por los canales oficiales: los medios de comunicación”.
Fraile puso el acento en lo positivo que se ha hecho en los últimos años. Así, enumeró, entre otras iniciativas, la elaboración y difusión del I Informe de la Profesión Instaladora, “que nos ha permitido conocer mejor las necesidades de nuestro colectivo”; el incremento del 10 % en la oferta formativa y del 12 % en la facturación del Centro de Formación de APIEM, que ya está celebrando la quinta promoción del Certificado de Profesionalidad de Electricidad, o que es el primer centro acreditado por la Comunidad de Madrid para impartir cursos de certificación de SF6, entre otros; y la celebración de la feria Eficam.
Asimismo, recalcó que uno de los objetivos de la Dirección General, desde que asumiera el cargo en abril de 2017, ha sido la optimización de costes y el desarrollo de una política de consumo de responsable, motivo por el que, tras haber puesto en marcha varios proyectos de economía colaborativa con diferentes agentes del sector, se ha obtenido un ahorro de aproximadamente 35.000 euros.
