El experto Javier García Breva explica el enorme potencial de la rehabilitación energética, que protege a los consumidores de la incertidumbre de los precios del petróleo y permite la revalorización de los edificios.
Más de 10.000 millones de euros de los fondos europeos se
podrían dedicar a la rehabilitación
energética de edificios en los próximos años; así de claro se mostró el
pasado 29 de enero Javier García Breva,
experto en políticas energéticas, en la presentación en Madrid del Cuaderno IPM
‘Estrategias para financiar la rehabilitación de edificios’. Según García
Breva, “la rehabilitación energética es una ventaja competitiva, protege a los
consumidores de la volatilidad y la incertidumbre de los precios del petróleo, y,
lo más importante, representa una revaloración
de los edificios durante toda su vida útil, casi un 15%, como ha ocurrido
en Reino Unido”.
El Acuerdo de Asociación España-UE comprende los fondos estructurales y de inversión
destinados a España por 36.900 millones de euros en siete años, siendo la
prioridad reducir el consumo de energía en edificios y empresas, indicó García
Breva. Con esta prioridad, el 22% se dedicará a la lucha contra el cambio
climático. Como consecuencia, los programas destinados a una economía baja en
carbono y eficiencia de los recursos suman más de 10.400 millones de euros. Este
montante no se destinará a subvenciones directas sino a la financiación de proyectos sólidos y con garantías.
La Oficina de JGB realiza en este nuevo Cuaderno IPM un
diagnóstico de los elementos a tener en cuenta en el desarrollo de estrategias de financiación que
conviertan toda la potencialidad del ahorro energético en la edificación en una
realidad y en proyectos accesibles a los distintos segmentos de consumidores,
donde es esencial cuantificar los beneficios de la rehabilitación como
prioridad de la Administración.
Así, señaló García Breva, la Comisión Europea ha recomendado
una tasa de rehabilitación mínima del 2% anual de todo el parque, mientras que la
Directiva de eficiencia energética obliga
a rehabilitar el 3% de los edificios públicos, duplicándose la inversión en
eficiencia energética hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en 2023. Los
escenarios más prudentes plantean objetivos anuales entre 300.000 y 500.000
viviendas rehabilitadas.
Un sistema de
obligaciones a través del ahorro del 1,5% de las ventas anuales de energía,
medidas alternativas (impuestos al CO2, incentivos
fiscales, estándares de eficiencia e instrumentos financieros), la
colaboración público-privada con las entidades financieras y la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética
son los mecanismos de financiación previstos en la Directiva que deben implantarse
en cumplimiento de las normas europeas, sin que impliquen costes a los
consumidores.
