El mundo es un lugar lleno de sorpresas, sobre todo en época pre-electoral; los candidatos nos prometen poco menos que el paraíso en la Tierra, mejoras en los servicios (que, desconocemos, antes no se implantaban), infraestructuras por doquier e incluso “asaltar los cielos”, en una metáfora que ha suscitado no pocos ríos de tinta. Así, de forma imprevista, uno los giros que nos guardaba este Gobierno, tan poco sensible a las energías renovables –culpables de casi todos los males en privado y alabadas en público– es el reciente anuncio de un concurso para sacar a subasta 700 MW de energías renovables, 500 de ellos de tecnología eólica y 200 de biomasa.
¿Por qué ahora, en este momento, sale esta subasta? ¿Por qué se deja fuera a otras tecnologías, como la fotovoltaica, la termoeléctrica o la mini hidráulica? ¿Es un lavado de imagen dirigido a la Comisión Europea y con vistas a las directivas que atañen en este campo? ¿Es un giro oportunista en un año plagado de comicios electorales?
Estos y otros interrogantes emergen en esta decisión del Ministerio de Industria, sobre todo porque el actual Gobierno se ha distinguido precisamente por una legislación regresiva en el ámbito de las energías limpias, que han pagado buena parte del desaguisado del déficit de tarifa, como han denunciado diversas asociaciones sectoriales (como APPA), grupos ecologistas y otras formaciones políticas.
Además, no debe olvidarse que el actual Ejecutivo también ha puesto el punto de mira en el autoconsumo energético. De hecho, según todas las informaciones disponibles, tiene previsto aprobar y publicar en breve plazo una normativa –que se ha retrasado más de año y medio– que regule esta modalidad, en la que se podría incluir el denominado “peaje de respaldo”, al que muchos han calificado agriamente como “impuesto al sol”. Este peaje, o tasa recaudatoria, se aplicará con el argumento de que, desde el momento en el que el usuario que cuenta con una instalación de autoconsumo está conectado al sistema eléctrico, está “aprovechándose” del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructura, incluso aunque esté consumiendo electricidad producida por su instalación. Curiosa explicación.
¿Y por qué sí apostar por la eólica? Acaso sea una coincidencia, pero esta tecnología es donde tienen mayores intereses e inversiones las compañías eléctricas y otras grandes corporaciones. No obstante, y a pesar de que el país necesita este tipo de energía renovable, la patronal de la energía eólica (AEE), se ha apresurado a señalar ante el anuncio del Gobierno que “la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor”.
En cambio, la fotovoltaica es una tecnología más flexible y, si cabe, democrática, se pueden llevar a cabo desde grandes plantas de generación hasta pequeñas instalaciones integradas en entornos urbanos –como explican desde la asociación UNEF–, sea en viviendas, hoteles, recintos comerciales o polígonos industriales, extendiendo el concepto de generación distribuida.
¿Por qué entonces no caminar por la senda que nos marcan las Directivas Europeas? ¿No se debería, como así se promueve desde Bruselas, simplificar y acelerar los procedimientos administrativos para autorizar y realizar la conexión a redes de distribución y transporte de energía eléctrica para fomentar el uso de energías procedentes de fuentes renovables? La sociedad española, tan dependiente de combustibles fósiles, tendría que asumir que todas las renovables deben aportar su grano de arena para construir una economía con menos emisiones de CO2 y más eficiente en el uso de la energía.
Y hablando de energías renovables, me permito hacerles una recomendación literaria relacionada. Se trata de la novela Solar, del escritor británico Ian McEwan, una historia mordaz, divertida y algo cínica sobre un físico, Premio Nobel, que busca su redención personal y profesional en un proyecto de energía solar.
