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<p>La federación autonómica PECALE denuncia que los grandes contratos son adjudicados a grandes compañías que, después, “subcontratan los trabajos en unas condiciones muy precarias”.<br></p>

La federación autonómica PECALE denuncia que los grandes contratos son adjudicados a grandes compañías que, después, “subcontratan los trabajos en unas condiciones muy precarias”.

En Castilla y León

Los instaladores eléctricos denuncian la competencia desleal de las centrales de compra

PECALE (Federación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Castilla y León) advierte que las centrales de compra ponen en riesgo unos 4.000 empleos en la región.

La Federación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE) denuncia que las centrales de compra y entidades de contratación regionales y provinciales están poniendo en riesgo unos 4.000 empleos en esta comunidad autónoma, afectando a un millar de empresas del sector, que han reducido su volumen de negocio en un 70% en los últimos años.

Esta situación se debe a que la gestión de compras de bienes y servicios se ha modificado con la centralización, de tal modo que la Administración local o autonómica, o la Diputación compra directamente el material y el empresario sólo puede limitarse a instalarlo. PECALE ha señalado en un comunicado que “cuando se centralizan las compras se rompe la cadena de valor. La inmediata consecuencia de las centrales de compra es la competencia directa contra las pequeñas empresas”, practicando así una competencia desleal con abuso de posición dominante: “ello supone la desaparición de cientos de pequeñas empresas; las que queden sólo aportarán mano de obra barata”, añaden.

Además, recalcan en la federación autonómica de instaladores, “la centralización de compras permite que nuestros políticos tomen el control sobre grandes suministros de material y servicios, siendo todo ello mucho más susceptible de que prorrogue la corrupción”.

En PECALE creen que el ahorro económico no puede realizarse a cambio de destruir empleo local, provincial y autonómico. Denuncia que los grandes contratos son adjudicados a grandes compañías que, a continuación, “subcontratan los trabajos en unas condiciones muy precarias”.

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