El pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en la Cámara Baja, con un total de 344 votos a favor y una abstención.
La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales, medidas de impulso a la transparencia en los plazos de pago en las sociedades mercantiles y un régimen de sanciones. Las multas pueden ser de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves.
Asimismo, la proposición recoge la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente. También se modifica la regulación del IVA, para cambiar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo, establecido actualmente en seis meses, para considerar una factura como incobrable.
AECIM: “Urge garantizar la cadena de pagos”
“Las pymes necesitan con urgencia una regulación de la morosidad”. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM), Luis Collado, quien explica que “los 130.000 millones de euros de demora en pagos afectan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que conforman el 90 % del tejido empresarial”.
Según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas presentes en la Bolsa española, incluyendo las del IBEX 35, tenían facturas por pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones de euros, a los que se suma la deuda de las administraciones de 8.621 millones de euros.
El presidente de la patronal madrileña insta a “garantizar la cadena de pagos”. Collado, que además es miembro de la junta directiva de ADIME (Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico), considera que esta es “la vía para atender las necesidades de financiación de las pymes españolas, en un momento especialmente delicado por la crisis del COVID-19“.
Desde la Plataforma contra la Morosidad advierten asimismo de que, en el peor escenario económico proyectado por el Banco de España, con una caída de hasta el 15% del PIB, el conjunto de empresas necesitará 238.000 millones de euros.
“Es preciso mejorar los procedimientos de pago y cumplir con los plazos para asegurar la liquidez del sector“, recalca Luis Collado, que celebra el apoyo mayoritario en la sesión plenaria del Congreso a la proposición de ley y destaca que la lucha contra la morosidad es un objetivo prioritario de la patronal madrileña.
El régimen sancionador: la historia interminable
La luz verde del Congreso a la tramitación del régimen sancionador de la morosidad supone un importante paso adelante en el desarrollo de esta normativa, que constituye, desde hace una década, una de las demandas históricas de pymes y autónomos.
Cabe recordar que, en mayo de 2014, el Congreso de los Diputados rechazó la creación de un régimen sancionador para las empresas que incumplieran la Ley contra la Morosidad. Además, y a pesar de la posterior reunión entre Cristóbal Montoro, por entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad para diseñar un futuro régimen sancionador, la propuesta no llegó a buen puerto.
Ya este 2020, el pasado 21 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó el desarrollo del régimen sancionador. Sin embargo, este hecho no era vinculante hasta la aprobación, esta semana, de la proposición de ley.
A partir de ahora, los grupos parlamentarios podrán presentar las enmiendas que crean oportunas. En este sentido, la mayoría de los partidos ha anunciado que presentará enmiendas parciales a la proposición de ley. En caso de que alguno de los grupos del arco parlamentario presentase una enmienda a la totalidad habría de celebrarse un debate en el Congreso de los Diputados. Una vez aprobada la propuesta en la Cámara Baja, el último paso sería la tramitación de la ley en el Senado.
