El
pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que ha traído como consecuencia el parón
de la industria de la construcción en los últimos años, junto a la complicada
coyuntura económica, sirve de marco a la situación que está viviendo el
conjunto de las empresas instaladoras del país. La falta de actividad, la
morosidad y los problemas de financiación y el intrusismo profesional, que se
ha acrecentado enormemente por el insostenible crecimiento del desempleo en la profesión,
se han convertido en obstáculos que impiden que los empresarios de
instalaciones puedan desarrollar su negocio con normalidad, con especial
incidencia en las micropymes y autónomos, que son los más vulnerables.
Para
la elaboración de este reportaje hemos contado con la participación de diversos
representantes de asociaciones provinciales de instaladores (presidentes,
gerentes y secretarios generales) que desvelan el sombrío panorama de este
colectivo, que lucha denodadamente por mantener su actividad y buscar
alternativas de negocio. Casi todos ellos denuncian la pasividad de las Administraciones Públicas, que hacen dejación de
funciones sobre todo en la vigilancia y la inspección de las instalaciones, a
las que obliga la legislación.
Los
directivos echan de menos una política más valiente y ágil de incentivos para
impulsar la rehabilitación de
instalaciones antiguas, un capítulo que supone uno de los vectores
potenciales de crecimiento, dado que en España cerca del 60% del parque de
viviendas cuenta con más de 30 años de antigüedad, cuyas instalaciones necesitarían
una rehabilitación urgente para adecuarse a la normativa de seguridad. En este
sentido, merece la pena destacar el esfuerzo realizado por algunos Gobiernos
autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, que ha implementado varios
Planes Renove para rehabilitar distintos tipos de instalaciones, como alumbrado
exterior o de instalaciones eléctricas comunes.
El intrusismo
es otro lastre para el sector, debido principalmente al crecimiento del
desempleo que ha llevado a numerosas personas a este tipo de prácticas por la
mera supervivencia. No hay que olvidar que en nuestro país la economía
sumergida representa cerca del 25% del PIB nacional, como ha subrayado la Plataforma
Multisectorial Contra la Economía Sumergida en Andalucía, cuyo gerente es
Gerardo Parejo. Además, la competencia
desleal también proviene de las Administraciones.
Reportaje completo en el número 1 de Cuadernos de Material Eléctrico