En un ejercicio como el pasado, “especialmente complejo para las comercializadoras independientes” por los elevados precios del mercado mayorista sostenidos en el tiempo y un entorno regulatorio cambiante, Feníe Energía consiguió facturar más de 600 millones de euros y obtener unos beneficios de 4,8 millones.
Además, la comercializadora de los instaladores sumó el pasado año 39.000 nuevos contratos, hasta alcanzar una cartera “récord” de 480.000 clientes. “Ha sido un año complicado en el que la solidez financiera, junto a la capacidad de adaptación a los cambios, nos ha permitido lograr unos resultados positivos y mantener nuestra diferenciación sin romper ni un solo contrato”, afirmó Paula Román, directora general de Feníe Energía.
La compañía ofreció estos y otros datos en su Junta General de Accionistas celebrada este martes, por primera vez, en formato híbrido, tras dos años en los que se ha desarrollado online por la pandemia. En la cita se aprobó, también, el reparto de un dividendo de 50 euros por acción entre sus más de 3.000 accionistas, la mayoría empresas instaladoras.
Además, la cita también sirvió para incorporar al Consejo de Administración a dos nuevos miembros, Enrique del Valle y Fernando Pomar, calificados como “dos grandes profesionales del sector energético” por Jaume Fornés, presidente de Feníe Energía.
Urge convocar subastas a bajo coste
Una de las reivindicaciones que puso sobre la mesa Feníe Energía fue la necesidad “urgente” de que el Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica convoquen las subastas de energía de bajo coste recogidas por el RDL 17/2021 y que, nueve meses después siguen en el aire. Mediante este sistema, las grandes eléctricas deben poner en el mercado libre al menos un 25 % de su energía barata que ahora se reservan para sus propias comercializadoras.
Además, en un contexto de dominio de las grandes compañías eléctricas, Feníe Energía reclamó al Gobierno que active los compromisos ya adquiridos para rebajar las garantías que se exigen a las comercializadoras independientes para operar en el mercado.
Propuestas para mejorar la ‘excepción ibérica’
Durante la Junta General de Accionistas también se puso de manifiesto que, tras la puesta en marcha del tope del gas, los precios de la electricidad “han bajado mucho menos de las estimaciones iniciales”. Además, la comercializadora insiste en que va a causar una “distorsión del mercado que castigará a las comercializadoras independientes y reforzará la posición de dominio de las grandes eléctricas”.
Por ello, la compañía puso sobre la mesa una serie de propuestas. Entre ellas, que el bono social eléctrico se financie, al igual que el bono térmico del gas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y que las grandes compañías distribuidoras estén obligadas por ley a una lectura “real y habitual” de los contadores cuando la potencia contratada sea superior a los 15 kW. De este modo, recalcaron desde Feníe Energía, “se evitarían retrasos en las facturas emitidas”.
