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Imagen explicativa del SRI.
Imagen explicativa del SRI.

CECAPI se suma a la industria europea y solicita una armonización del indicador SRI para edificios inteligentes

Por Pablo García
Este estándar indica el grado de preparación de los edificios para incorporar sistemas inteligentes. Diferentes estados miembro ya han empezado a desarrollar el modelo, por lo que las principales asociaciones empresariales europeas han enviado una carta a la Comisión Europea para que esta vele por la armonización de los requisitos y no se produzcan desigualdades entre países.

A finales del pasado año, la Comisión Europea publicó el reglamento de valoración del SRI (smart readiness indicator), un indicador que pretende definir el grado de preparación de los edificios para la incorporación de tecnologías inteligentes a los propios inmuebles.

Según explica AFME en su página web, este indicador tiene como objetivo proporcionar un lenguaje común a todos los colectivos (y países) para definir el nivel de inteligencia de los edificios, aspecto que, a su vez, permite impulsar la adopción de tecnologías Smart en las distintas edificaciones.

Son varios ya los estados miembro que están trabajando en la definición de los esquemas SRI, sin embargo, el hecho de que la Comisión Europea no esté velando por la armonización de las exigencias “puede acabar suponiendo graves distorsiones en los requisitos técnicos y en la forma en que estos se valoren en el mercado de la Unión Europea”.

Ante este escenario, las principales asociaciones empresariales europeas, entre la que se encuentra CECAPI (la asociación europea de fabricantes de material eléctrico), cuya secretaría ocupa AFME, han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando que se implementen los mismos esquemas SRI en todos los estados miembro.

“Solo de esta manera será posible el análisis y la comparación del nivel de preparación para aplicaciones inteligentes entre los distintos estados miembro”, explica AFME en una nota en su web.

Además, la misiva subraya la necesidad de que la Comisión Europea monitorice todo el proceso, introduciendo medidas para garantizar la coherencia y evitar la fragmentación, así como publicando recomendaciones cuando sea necesario.

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