El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) han presentado recientemente una denuncia ante la Comisión Europea por las multimillonarias ayudas a las centrales eléctricas por este concepto.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) han presentado recientemente una denuncia ante la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad que reciben las centrales eléctricas.
Si la Comisión Europea admite a trámite esta denuncia, las compañías eléctricas tendrán que devolver a las arcas del Estado más de 3.000 millones de euros percibidos por estas ayudas públicas solo durante el periodo de 2011 a 2015, tal como desvelan ambas entidades en un comunicado conjunto.
En la actualidad, estas ayudas se cifran en torno a 700 millones de euros al año que pagan los consumidores y que aprueba el Gobierno para asegurar la garantía de suministro. Las energías renovables no pueden por ley solicitar estas ayudas, beneficiando principalmente a las tecnologías más contaminantes. “Se trata de ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico”, ha señalado Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma Px1NME.
“Los pagos por capacidad violan el Derecho de la Unión Europea relativo a las ayudas de Estado. Además, no hay constancia de que el Estado español las notificara a la Comisión, estando obligado a ello. Son contrarias a derecho pues no son de interés general, son desproporcionadas y no hay necesidad de intervención del Estado, entre otras razones”, ha criticado Ana Barreira, directora de IIDMA, quien ha resaltado que “no hay justificación alguna para que los consumidores tengamos que pagar estos sobrecostes en nuestra factura eléctrica“.
Sobrecapacidad del sistema eléctrico
Los pagos por capacidad en España son de los más altos en comparación con el entorno europeo. Según esta denuncia, que cuenta también con el apoyo de la organización internacional ClientEarth, no está justificada esta intervención del Estado para cubrir la demanda en el mercado eléctrico.
Las compañías eléctricas se lanzaron a principios de los años 2000 a construir nuevas centrales de ciclo combinado, con vistas a encarar unas previsiones de crecimiento de la demanda energética que no se han cumplido. Estas centrales, unido al desarrollo de los renovables a partir de 2008, ha llevado a una sobrecapacidad del sistema eléctrico, que cuenta con una potencia instalada de cerca de 100.000 MW, cuando los picos de demanda máxima se sitúan en 45.000 MW.
