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La eficiencia energética ya cuenta como factor cualitativo en la contratación pública

La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el 9 de marzo de este año, incorpora por primera vez la eficiencia energética como uno de los criterios cualitativos para adjudicar una licitación pública, incluyendo el uso de energías renovables.

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el 9 de marzo de 2018, incorpora por primera vez la eficiencia energética como uno de los criterios cualitativos que el órgano de contratación puede establecer para la adjudicar una licitación pública.

Tal como destaca la asociación A3e, el artículo 145 de la nueva Ley contempla, por primera vez, la inclusión de "las características medioambientales" como uno de los aspectos a tener en cuenta en los criterios cualitativos de adjudicación. Estas características medioambientales podrán referirse, "entre otras, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato".

Estos criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas presentadas en todos los contratos de servicios del Anexo IV de la Ley, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura.

Más transparencia y mejor acceso para las pymes

La nueva Ley supone la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La regulación busca, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública. La simplificación de los trámites y el uso de medios electrónicos tratan de reducir la carga burocrática para los licitadores y mejorar el acceso para las pymes, que además verán cómo se reducen los tiempos de adjudicación.

Además, se introducen normas más estrictas para controlar las denominadas ofertas "anormalmente bajas". Con esta Ley, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

En segundo lugar, la Ley 9/2017 busca conseguir una mejor relación calidad-precio. La persecución de este segundo objetivo ha servido de base para la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato, que, a su vez, han abierto la puerta a la inclusión de criterios de eficiencia energética.

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