PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) alertan de que el redactado del Gobierno enviado al Congreso es ambiguo y permite ampliar los plazos de pago que marca la legislación previa.
El Gobierno ha presentado ante el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que ha sido calificado por PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) como ambiguo, y cuyo redactado perjudica claramente a las pymes en materia de plazos de pago y contratación pública. En concreto, y muy grave, abre la puerta al pacto entre las partes.
Estas tres entidades se han unido para redactar una propuesta de enmiendas a este Proyecto de Ley, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24UE. La aprobación de estas enmiendas, enviadas a los partidos políticos con representación parlamentaria, eliminaría ambigüedades y contradicciones, y permitirían a las pymes un mejor acceso a la contratación pública, afirman estas entidades en un comunicado. En este sentido, es importante señalar que la contratación pública supone casi el 20% del PIB, como recordó recientemente en un acto Antoni Cañete, presidente de la Plataforma PMcM y secretario general de PIMEC.
La patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña, junto a la PMcM y la CEAC aseguran que el texto no contempla las medidas realmente necesarias para facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública y, por tanto, no cumple con uno de los mandatos de las Small Business Act (SMB) de la Unión Europea. Además, manifiestan que el proyecto de Ley no apuesta decididamente por la división en lotes, tal y como establece la directiva europea; este tipo de división es la manera de garantizar un mejor acceso de las pymes a la contratación pública y generar un mayor crecimiento de la economía y el empleo.
En relación a las prohibiciones de contratar, el Proyecto de Ley no recoge la demanda de que se cumpla escrupulosamente la legislación vigente en materia de morosidad, indican las tres entidades. De hecho, “el proyecto de ley permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la regulación española como por las Directivas Comunitarias”. Por otro lado, el proyecto de Ley no ha contemplado establecer mecanismos de pago y relación directa al subcontratista, tal como posibilita la Directiva 2014/24.
Cabe añadir la propuesta de enmiendas también se hará llegar a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Más de 100 asociaciones y gremios, que representan más de 1,5 millones de empresas, algunas de las cuales pertenecen a patronales de grandes empresas, se han adherido a la propuesta.
