Desde este medio hemos hablado con Luis Collado, presidente del Observatorio de Morosidad de CEPYME y de AECIM, sobre la implementación y los requisitos de la factura electrónica. No obstante, el experto considera que tampoco es la solución para impedir el retraso en los pagos.
El Observatorio de Morosidad de CEPYME se ha reunido recientemente con responsables del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para analizar la implementación de la factura electrónica. Desde la entidad, hablaron sobre la necesidad de diseñar, de manera minuciosa, su puesta en marcha y los sistemas de información, así como las medidas de ayuda para lograr un funcionamiento sencillo en empresas y autónomos.
Con el fin de abordar esta cuestión, el área de Material Eléctrico ha tenido la oportunidad de hablar con Luis Collado, presidente del Observatorio y de AECIM, quien declara que la factura electrónica es un elemento positivo que contribuirá a la digitalización de las pymes y que permitirá una mayor transparencia en los procesos de pago.
Sin embargo, “tampoco es la única solución para impedir el retraso en los pagos, ya que las grandes empresas siguen teniendo una posición dominante en cualquier negociación y, si no van a pagar dentro del periodo establecido por ley, pedirán a las pymes que emitan las facturas más tarde o buscarán cualquier otra alternativa para incumplir los plazos”, matiza.
Compatibilidad con las diferentes plataformas
Otro apartado relevante es ver cómo se implementa la plataforma universal de facturación electrónica que promete la Administración, ya que, una vez que este tipo de facturación se imponga como obligación, “es preciso garantizar la compatibilidad con las diferentes plataformas existentes en el mercado para que todo funcione correctamente y no se produzca el efecto contrario al buscado, con retrasos aún mayores en los pagos”, indica.
En este sentido, cabe señalar que todavía no se ha aprobado el reglamento específico para la factura electrónica, por lo que la fase de transición aún no ha comenzado. Una vez que se autorice, está previsto que el periodo de adaptación sea de un año para las grandes empresas, -las que cuenten con una facturación superior a ocho millones de euros anuales-, y de dos años para pymes y autónomos.
Nuevos medios de pago y medidas de ayuda
De manera paralela, Collado expone que un factor esencial para la lucha contra la morosidad será la “definición clara y contundente” de los medios de pago admitidos pues, con los actuales, las pymes y los autónomos tendrían grandes problemas de rentabilidad (confirming) o de tesorería (transferencias).
“Será fundamental, prevemos, la aparición de nuevos medios de pago. Para ello, la Administración y las entidades financieras tendrán que tener un papel importante en el desarrollo de esta nueva normativa”, apunta.
Por último, en relación al diseño de medidas, Collado defiende que se establezcan ayudas que faciliten a las pymes la implantación de este tipo de soluciones de facturación digital, de forma que no suponga un gasto adicional para las compañías. “Ya existen líneas como el Kit Digital, pero sería muy interesante que también se pusieran en marcha ayudas para la formación de los trabajadores en este tipo de herramientas”, concluye.
