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Confemetal exige al Gobierno el reconocimiento del sector instalador como ‘servindustria’

Por Sara PortilloResponsable de la sección de Centros de Datos en Material Eléctrico
La patronal se suma a la iniciativa de APIEM, AGREMIA y AECIM para rescatar a los instaladores de un “limbo” administrativo que les impide acceder a ayudas industriales y oculta su peso real en el PIB.

Comenzó como una reivindicación del sector instalador en Madrid y está escalando hasta el nivel estatal. La patronal del sector del metal, Confemetal, exigirá a la Administración, mediante un documento de necesidades y prioridades, que tenga en cuenta el concepto de ‘servindustria’, reconociéndolo como un nuevo subsector económico. 

El objetivo es acabar con el anacronismo que supone que empresas con una alta responsabilidad técnica sigan clasificadas bajo el CNAE de construcción, un “limbo” que “no refleja la realidad técnica ni normativa” de esta actividad.Así lo explicaba Desirée Fraile, directora general de APIEM, en declaraciones para C de Comunicación. 

Según el mencionado informe, esto afecta a más de 84.000 empresas españolas, que aportan un valor añadido bruto de 24.000 millones de euros (el 1,5 % del PIB) y sustentan a 800.000 profesionales, entre asalariados (670.000) y autónomos.

El presidente de la Comisión de Instalaciones y Servicios de Confemetal, Francisco Alonso, explicó durante un encuentro informativo que todas las asociaciones han “consensuado” este borrador como un decálogo de soluciones ante el hecho de que el 70 % del tejido (formado por microempresas) se encuentran con barreras para acceder a subvenciones de modernización y digitalización exclusivas del sector industrial. El sector persigue también que su clasificación administrativa esté a la altura de su responsabilidad técnica y su peso en la transición energética. 

Servindustria, clave en infraestructuras críticas

“APIEM y AGREMIA, con la colaboración de AECIM (Asociación de Empresas del Metal), llevan meses trabajando también en impulsar una transformación histórica de nuestro sector: que las empresas instaladoras sean reconocidas oficialmente como servindustria, un concepto emergente que engloba al conjunto de actividades clasificadas tradicionalmente como servicios, pero que comparten características, y rasgos propios del sector industrial”, trasladan desde APIEM. 

El cambio de estatus no es solo nominal, sino estratégico para infraestructuras críticas como centros de datos, hospitales, redes de distribución eléctrica… Los instaladores son cruciales en materia de eficiencia y seguridad, entre otras cuestiones, garantizando la continuidad de las mismas. “Somos mucho más que instaladores, somos gestores de tecnología industrial”, insiste Fraile. 

Actualizar su clasificación siendo reconocidos como “servindustria” implicaría que los instaladores dejen de ser tratados administrativamente como “obra tradicional”, siendo valorados como gestores tecnológicos. De este modo, las empresas podrán integrarse en el perímetro industrial en las políticas públicas. 

Talento, absentismo e intrusismo

El escrito de la patronal pone el foco en la escasez de profesionales cualificados y pide modernizar la FP, señalando que el sector es un “nicho de empleo con escaso relevo generacional” donde tienen cabida las personas migrantes regularizadas. Además, el texto aborda el absentismo en el sector y otros problemas como el intrusismo profesional, la competencia desleal y la disparidad de criterios en el Registro Integrado Industrial (RII) para facilitar la movilidad laboral entre comunidades. 

Combate contra la asfixia financiera

El documento que Confemetal enviará a los ministerios denuncia también problemas de tesorería derivados de la inversión del sujeto pasivo en el IVA y la morosidad. En este sentido, la patronal exige un cumplimiento escrupuloso de los plazos de pago para evitar que las empresas actúen como financieras de sus clientes y la Administración, subrayando que la demora en la devolución del IVA (unos 180 días de media) supone una carga económica que obliga a buscar financiación externa. Asimismo, solicita que el aval o seguro de caución cubra íntegramente la garantía de obra, suprimiendo retenciones mensuales adicionales que aplican muchas constructoras. 

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