Desde los sectores de la movilidad eléctrica, los centros de datos y las renovables se lanza un mensaje claro: la transición energética no solo necesita medidas ambiciosas, sino también estabilidad regulatoria, coherencia fiscal y una ejecución más afinada.
El nuevo Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, conocido como ‘decreto anticrisis’, por el que el Gobierno articula un Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio, ya se ha convalidado en el Congreso. El texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) moviliza 5.000 millones de euros y ha sido recibido con una mezcla de respaldo y cautela por parte de los principales sectores energéticos y tecnológicos.
Aunque el texto supone un avance en electrificación, fiscalidad y despliegue renovable, aún persisten algunas incertidumbres regulatorias y ciertas carencias estructurales que pueden limitar su impacto, tal y como reflejan asociaciones como AEDIVE, APPA Renovables o Spain DC en declaraciones para C de Comunicación.
Reacciones al ‘decreto anticrisis’ del Gobierno
Desde su aprobación no han cesado de producirse reacciones por parte de los protagonistas sectoriales. En conjunto, el documento es visto como un avance necesario en un contexto de crisis energética y geopolítica, pero insuficiente para dar certidumbre plena a sectores clave. Desde los sectores de la movilidad eléctrica, los centros de datos y las renovables se lanza un mensaje claro: la transición energética no solo necesita medidas ambiciosas, sino también estabilidad regulatoria, coherencia fiscal y una ejecución más afinada.
Impulso a la electrificación… con matices
Desde el ámbito fotovoltaico, a través de un comunicado UNEF considera que la norma supone una oportunidad para consolidar un marco que impulse renovables, autoconsumo y almacenamiento como pilares de la seguridad energética. La asociación subraya además el papel de estas tecnologías como “defensa” frente a crisis energéticas y geopolíticas y la considera una oportunidad decisiva para reforzar la soberanía y seguridad energética del país.
Por su parte, APPA Renovables valora de forma más cauta el decreto. En palabras de Javier Lázaro, su director técnico y de regulación, para este medio, el texto “va en la dirección correcta” al incorporar medidas que el sector lleva tiempo reclamando, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (IVPEE), la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) o avances en autoconsumo.
Lázaro destaca la ampliación de la distancia para autoconsumo colectivo hasta los 5 kilómetros y el impulso a tecnologías como la eólica marina o el almacenamiento. No obstante, advierte de que sin resolver el acceso a red, muchas de estas medidas pueden quedarse sobre el papel.
Del mismo modo, indica que muchas de estas medidas “se quedan a medio camino”, especialmente en el terreno fiscal. Son los casos del IVPEE o el IEE, por ejemplo: el sector reclamaba su eliminación definitiva y no una suspensión temporal. “Ambos impuestos penalizan precisamente el vector energético que debe ganar peso si queremos depender menos del gas y del petróleo importados”, subraya el director técnico de APPA Renovables.
Movilidad eléctrica, avances e incoherencias
En general, el sector de la movilidad eléctrica acoge positivamente el decreto, especialmente por la creación del programa de ayudas Auto+ y la prórroga de incentivos fiscales. Desde AEDIVE, su director general, Arturo Pérez de Lucia, considera que la norma representa “un paso adelante muy importante” hacia la electrificación de la economía.
“Se mantiene la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, ampliándose su vigencia temporal hasta diciembre de 2026”, explica. Además, “en el Impuesto sobre Sociedades se refuerzan los incentivos a la electrificación, permitiendo la libertad de amortización tanto para vehículos electrificados como para infraestructuras de recarga, lo que mejora la rentabilidad de las inversiones empresariales”, agrega.
Sin embargo, señala ciertas incoherencias que pueden frenar su desarrollo, como la exclusión de la infraestructura de recarga de algunas ayudas o el diferente tratamiento fiscal respecto a los combustibles fósiles.
En este sentido, aunque considera acertada la rebaja del IVA de la electricidad al 10 %, señala que esta reducción no se aplica a la recarga pública, quedando circunscrita al ámbito doméstico, lo que limita su efecto y genera una desventaja frente a los combustibles fósiles, que sí cuentan con este tipo de rebajas en el conjunto de suso vinculados a la movilidad.
Asimismo, el sector reclama que los programas de ayudas cuenten con marcos estables y plurianuales que aporten certidumbre a consumidores y empresas.
En el caso de AORU, en su comunicado valora positivamente medidas como la deducción en el IRPF o la supresión temporal del IVPEE, pero advierte de un problema estructural: la falta de estabilidad normativa. El sector reclama un marco “predecible y permanente” que no dependa de coyunturas políticas o mayorías parlamentarias, como clave para sostener inversiones y acelerar la adopción del vehículo eléctrico.
Inquietud en el caso de los centros de datos
La lectura que realizan desde la industria de los centros de datos es más crítica. Aunque reconocen que el texto incluye medidas positivas, también introduce elementos que generan inquietud. Desde Spain DC, su directora ejecutiva, Begoña Villacís, advierte de que los cambios introducidos en el acceso a la red y los criterios de priorización afectan de manera directa a decisiones de inversión que requieren alta previsibilidad.
Villacís indica que el decreto sí puede contribuir a ordenar la electrificación y mejorar la planificación energética, pero insiste en que la falta de criterios claros puede generar discrecionalidad y frenar proyectos. En este sentido, el sector pide transparencia, reglas homogéneas y alineamiento con Europa para evitar que España pierda competitividad en una industria que es estratégica.
“Un decreto concebido para gestionar una crisis no puede acabar generando una nueva: la de la confianza”, resumen desde Spain DC. Una falta de confianza que podría provocar una fuga de inversiones hacia otros países europeos.
Cuellos de botella persistentes
Independientemente de las valoraciones sectoriales, hay algunos diagnósticos que se repiten. Uno de ellos, como ya se ha señalado, es el acceso a red, que desde APPA Renovables señalan como un cuello de botella clave y que puede dejar en papel mojado avances como el impulso al autoconsumo.
También la fiscalidad aparece como un elemento crítico: aunque el decreto reduce cargas, varias organizaciones sectoriales coinciden en que no resuelve el problema de fondo ni se envían señales claras a largo plazo.
Por su parte, asociaciones como ANESE destacan avances técnicos relevantes, como el impulso al sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), incentivos a la electrificación térmica o nuevas obligaciones de eficiencia, pero también reclaman ajustes, como ampliar el IVA reducido a más servicios energéticos.
