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El sector de los centros de datos insiste en su reconocimiento como industria electrointensiva para reforzar su competitividad

Por Sara PortilloRedactora del Área de Material Eléctrico
La reciente actualización del umbral de electrointensidad para 2026 supone un paso transitorio para el sector. En declaraciones para C de Comunicación, operadores y asociaciones coinciden en que solo una reforma estructural del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos permitirá mejorar la competitividad energética, atraer inversión y consolidar el papel de España como hub digital.

Recientemente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una actualización del umbral de electrointensidad exigido para acceder a la categoría de consumidores electrointensivos, en el marco del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. La medida, aunque no incorpora nuevas actividades al listado de sectores elegibles, sí introduce un ajuste técnico que podría facilitar el encaje de actividades con elevados consumos eléctricos (como los centros de datos), dentro de esta figura regulatoria y de los mecanismos de apoyo asociados. 

En este contexto, el área de Material Eléctrico de C de Comunicación se dirige a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la asociación española de data centers (Spain DC), Nostrum Group y Templus para conocer cómo avanza la situación normativa en el sector de los centros de datos y el impacto que tendría para esta industria su inclusión en el estatuto. Así, tanto operadores como expertos energéticos coinciden en señalar que su reconocimiento sería un elemento clave en materia de competitividad, consolidando el crecimiento del ecosistema digital en España. 

Su impacto en la competitividad y atracción de inversión

Si en algo coinciden todos los actores consultados es en el impacto que tendría el reconocimiento de los centros de datos como consumidores electrointensivos en términos de competitividad y atracción de inversión. En un contexto marcado por la competencia entre países europeos por atraer infraestructuras digitales, el acceso a energía competitiva se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo del sector. 

En palabras de Félix de la Fuente, CCO de Templus, “el coste energético es uno de los factores determinantes en la operación de un centro de datos”. “Ser reconocidos como consumidores electrointensivos contribuiría a mejorar la competitividad del sector y podría favorecer decisiones de inversión en nuevos proyectos”, explica. 

Del mismo modo, señala que esta medida supondría un cambio estructural en la industria, permitiendo ofrecer a clientes y administraciones públicas un Total Cost of Ownership (TCO)  o coste total de propiedad, predecible, alineado con los estándares de los mercados europeos más competitivos. 

En la misma línea, Alejandro Fuster, director técnico de Spain DC, recuerda que el consumo eléctrico es el principal insumo de estas instalaciones. “Cuando hablamos con inversores, el mensaje es muy claro: comparan ubicaciones europeas y, si el coste final y el marco regulatorio no son razonablemente competitivos, la inversión se va a otro sitio”, explica.

Para la asociación, un reconocimiento formal dentro del Estatuto permitiría alinear el marco regulatorio con la realidad operativa de los centros de datos y reforzar la posición de España como destino para nuevas inversiones digitales. 

El peso de la energía

Otro de los puntos clave es el peso de la energía en la estructura de costes de estas infraestructuras. En este sentido, desde Nostrum Group destacan que la electricidad puede representar en torno al 40-50 % del coste operativo de un centro de datos. “El reconocimiento electrointensivo nos permitiría acceder a mecanismos de compensación de cargos del sistema eléctrico y ayudas vinculadas a eficiencia energética, optimizando nuestros márgenes y aumentando la competitividad frente a otros hubs europeos”, señalan. 

Para la compañía, esto también contribuiría a consolidar la soberanía digital, incentivar reinversiones en eficiencia energética y permitir que España compita en igualdad de condiciones con mercados como Francia o Alemania

Desde el ámbito de los servicios energéticos, ANESE apunta que el crecimiento de la economía digital genera demandas eléctricas comparables a las de las industrias tradicionalmente consideradas electrointensivas. 

“La expansión de actividades vinculadas a la digitalización obliga a adaptar progresivamente los marcos regulatorios energéticos para responder a esta nueva realidad productiva”, sostienen desde la asociación. Según explican, el reconocimiento formal sería clave para mejorar los márgenes de los centros de datos y atraer nuevas inversiones al país, reforzando la competitividad frente a otros hubs europeos. 

La actualización del umbral

La reciente actualización del umbral de intensidad energética a 0,61 kWh/€ para 2026 ha sido percibida por el sector como una medida transitoria, útil pero insuficiente para garantizar la competitividad estructural. 

Desde Nostrum indican que la medida facilita que más instalaciones puedan acceder a beneficios regulatorios y estiman que podría duplicar el volumen de centros certificados en 2025. No obstante, recuerdan que para lograr una mejora sostenible serían necesarios pasos adicionales: incluir expresamente el CNAE de centros de datos, agilizar conexiones a la red y garantizar las PPAs renovables estables alineados con la taxonomía europea. 

Felix de la Fuente (Templus) coincide en que la actualización del umbral es paliativa. “Si bien en el corto plazo facilita el acceso coyuntural a las ayudas, no resuelve el déficit competitivo de fondo”. En este sentido, explica: “Nuestra industria exige un consumo de base continuo (24/7) y no puede concentrar su actividad en periodos tarifarios valle”. Por eso, la firma apuesta por una reforma estructural profunda, que incluya minoraciones directas en la factura eléctrica y la eliminación de barreras técnicas y administrativas”. 

Para Alejandro Fuster (Spain DC), el ajuste del umbral tiene un impacto limitado mientras el sector no esté formalmente incluido en el CNAE del Anexo del Estatuto. El director técnico de la asociación aclara que, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) reconoce que España aún no es competitiva en los costes eléctricos finales, “lo importante no es ajustar un umbral un año, sino resolver el encaje del sector y establecer un mecanismo operativo para actualizar el Anexo con seguridad jurídica”. 

Obstáculos y expectativas

A pesar de que sí se han dado algunos avances importantes, desde el sector advierten de la persistencia de obstáculos regulatorios significativos. 

En este escenario, Spain DC y Templus coinciden en que la normativa actual refleja una concepción históricamente industrial-manufacturera de la electrointensidad, que excluye actividades como el procesamiento y hosting de datos (CNAE 6311). Esto limita la inclusión automática de los centros de datos en el Estatuto, aunque cumplan los criterios de consumo. Fuster (Spain DC) añade que la verdadera barrera está en garantizar que el instrumento sea útil y operativo, evitando cargas administrativas que superen el beneficio para las empresas. 

Por su parte, ANESE destaca que la inclusión requiere coherencia con la regulación europea y un reconocimiento explícito del papel estratégico de los centros de datos en la transición digital y energética. Desde Nostrum apuntan que el principal desafío a corto plazo es la aprobación del Real Decreto actualmente en trámite, mientras que a medio plazo será fundamental la transposición de la normativa europea sobre interconexiones eléctricas, lo que ampliaría la capacidad de la red y reforzaría la competitividad del sector. 

Posicionar a España como hub digital competitivo en Europa

A pesar de que las medidas transitorias y la actualización del umbral 2026 sí representan un primer paso, los expertos coinciden al señalar que por sí solos no son suficientes. 

En este sentido, apuntan que el reconocimiento estructural de los centros de datos como consumidores electrointensivos y la reforma integral del Estatuto serán determinantes para consolidar la posición de España como hub digital competitivo en Europa, atraer inversión y garantizar una transición energética que esté alineada con la digitalización del país.

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