Manifiesto de las asociaciones del comercio acusando al Gobierno de ignorar sus reivindicaciones

El paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto del pasado 21 de abril no han satisfecho las demandas que, desde que comenzara el estado de alarma, han venido reivindicando las asociaciones del comercio más representativas de España.

De hecho, estas asociaciones han manifestado públicamente, a través de un manifiesto, su “gran decepción” con las medidas adoptadas por el Ejecutivo hace una semana, “por excluir -consideran- las necesidades que le fueron comunicadas, especialmente la exoneración de los alquileres“.

Aunque en el citado Real Decreto se establecía un mecanismo para la renegociación y el aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio, las asociaciones firmantes del manifiesto aseguran que, si el Gobierno no atiende a sus necesidades, “se prevé” que el sector comercial español “podrá perder gran parte de sus establecimientos y sus empleos“.

Cabe destacar que el sector comercial tiene un peso en la economía española del 13 % y que, según informan estas asociaciones, es el primer sector de la economía en términos de empleo. Según los datos de 2018 de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, el comercio empleaba a más de tres millones de personas, lo que suponía, ese año, un 17 % del total de afiliados.

Los firmantes del manifiesto son: la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (Anceco), y las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración Amicca, Comertia, Acotex y Eurelia. A continuación se reflejan las reivindicaciones que trasladan en su manifiesto.

• Denuncian que una simplemoratoria del pago a las pymes (pequeñas y medianas empresas) no solventa la trágica situación del sector y provocará el cierre de miles de empresas minoristas, así como de cientos de miles de puestos de trabajo.

• Se solicita nuevamente al Gobierno medidas para exonerar del pago de los alquileres a los arrendatarios durante el cierre de sus comercios y la adecuación de este coste a la realidad del mercado cuando se permita abrir nuevamente los establecimientos.

• Emplazan al Gobierno a propiciar un cambio del marco legal de protección al arrendatario contra la ejecución de avales por impago de rentas y liberar al comerciante de los años de obligado cumplimiento de los contratos. Propiciar, de esta manera, el desarrollo de acuerdos entre arrendatarios y arrendadores en el periodo de seis meses a la reapertura y así reequilibrar las condiciones de los contratos.

• Demandan, igualmente, una mayor flexibilidad de la adecuación de las normas laborales actuales, para poder atender a la realidad necesaria a corto plazo. La rigidez de la normativa tras la finalización del Estado de Alarma (ERTE, flexibilidad horaria, movilidad funcional, etc.) representará una dificultad mayor que pone en riesgo la viabilidad de miles de empresas y empleos del sector.

• Teniendo en cuenta que la vuelta a la normalidad del sector no se producirá, previsiblemente, de forma inmediata, demandan que se permita la reincorporación de los empleados de manera progresiva y escalonada, según los niveles de actividad de cada empresa o establecimiento.

• En una reflexión a medio plazo y estratégica para el sector en su conjunto, solicitan la adaptación de la normativa a la realidad del comercio actual y, por tanto, la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, por no atender a las múltiples realidades de hoy, especialmente la regulación de los contratos de arrendamiento en los centros comerciales.