El presidente ejecutivo de ADIME (patronal de los Distribuidores de Material Eléctrico) detalla a la redacción los efectos que la pandemia del COVID-19 está provocando en este colectivo. El teletrabajo, un mayor enfoque en la digitalización y los impagos son algunos de los temas abordados.
El canal de la distribución profesional constituye un segmento clave dentro del sector de material eléctrico. La redacción ha realizado una entrevista a Eduard Sarto, presidente ejecutivo de ADIME (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico), en la que expone los efectos derivados de la crisis del COVID-19 en el colectivo y cómo está actuando en esta situación de emergencia.
En este sentido, tras los sucesivos reales decretos aprobados por el Gobierno, una gran parte del sector ha venido reclamando que no se ha expresado de forma explícita el carácter de servicio esencial de la actividad de la distribución profesional.
¿Qué tipo de dificultades se están encontrando los socios de ADIME a la hora de desarrollar su actividad, dado que el suministro de equipos y productos en este ámbito son esenciales?
En este sentido, ha habido un clamor general en los distintos colectivos del sector demandando al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una aclaración específica sobre la declaración de sector estratégico. Debo reconocer que la acción coordinada de todas las asociaciones ha dado como fruto que, finalmente, se nos haya considerado tanto a la distribución como al resto de la cadena de valor, y a todos los efectos, como operador de servicios esenciales en cuanto que asegura el correcto funcionamiento de instalaciones e infraestructuras críticas citadas explícitamente en el Real Decreto 463/2020, así como de conformidad con el artículo 1 y el anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
Teletrabajo y digitalización
¿Cómo ha reajustado su actividad en líneas generales la distribución profesional?
La distribución ha sabido tomar medidas adecuadas y con agilidad para minimizar en lo posible el enorme impacto económico a consecuencia de la pandemia. Ejemplo de ello es que un 40 % de sus empleados están teletrabajando. No obstante, la reducción de actividad, lamentablemente, ha llevado consigo la necesidad de optimizar recursos y adecuar horarios, siempre priorizando la seguridad de las personas.
¿Cree que esta situación excepcional podría servir para reforzar las inversiones en digitalización de la distribución?
En la actualidad, las inversiones en digitalización por parte de la distribución son ya un hecho contrastado, pero sí que es cierto que la situación actual está haciendo reconsiderar la priorización y alcance de las mismas, no solo en la orientación hacia el cliente sino también en la reorientación de algunas facetas y procesos internos en el seno de la empresa. Sin duda, esta excepcionalidad debe servirnos para mejorar la eficacia y la productividad de nuestros negocios.
Encuesta ADIME sobre el impacto del Coronavirus
La primera encuesta de ADIME para analizar el impacto del COVID-19 ha arrojado resultados negativos en varios parámetros. No obstante, ¿cómo prevé que va a evolucionar la actividad del sector a partir del 13 de abril, y cómo se llegará al tramo final del año?
Tras más de una semana de la apertura de algunos ámbitos, es cierto que la situación ha mejorado levemente, pero tampoco como hubiera sido deseable. Seguimos detectando lentitud en la mejora de la actividad del sector. La conclusión de ello es que se espera una caída muy significativa de las ventas a lo largo de los próximos meses, especialmente este mes de abril, pero también en mayo y junio, que en ningún caso será inferior al 50% de caída de negocio.
En esta encuesta, las peticiones de aplazamientos en los pagos aparecen como una variable que está creciendo. Considerando las dificultades de muchos instaladores y clientes, ¿cree que, en algunos casos, se están dando situaciones de empresas que se aprovechan de este estado?
En mi opinión, no debemos generalizar en absoluto estos comportamientos puntuales irresponsables, insolidarios y faltos de ética profesional como los que está apuntando. En este punto, las asociaciones tenemos un papel fundamental, abogando por el respeto y mantenimiento de la cadena de pagos, mecanismo imprescindible para proteger nuestra economía. Se impone el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones.
Añado que también es responsabilidad de todos reclamar al Gobierno que active de inmediato todas aquellas medidas y acciones necesarias para la liquidez en las empresas.
¿Qué consecuencias podría haber en el canal de la distribución si los plazos de pago empeoran y crecen los impagos?
Sin duda, las mismas consecuencias que en cualquier colectivo, es decir, en el mejor de los casos, un estrangulamiento en la tesorería que dificultaría la buena marcha de las empresas y las debilitaría para afrontar una correcta recuperación una vez superada la crisis sanitaria y económica actual.
Pero debemos mirar “aguas arriba” para detectar una parte importante del problema. Me refiero a la deuda pendiente de pago a proveedores que tienen las grandes compañías del IBEX 35, concretamente, por valor de 122.000 millones de euros, o las facturas excedidas de los plazos legales de las Administraciones Públicas, por un importe de 8.621 millones de euros. Debería tomar buena nota este Gobierno y, en especial, el Ministerio de Hacienda, pues de lo contrario serán los primeros cómplices de la destrucción de un buen número de pymes.
¿Qué actuaciones e iniciativas, individuales o con otras entidades, llevará a cabo ADIME para fortalecer a la distribución en esta situación de emergencia?
Las asociaciones tenemos la obligación de acompañar a nuestros colectivos para serles útiles en todo aquello que sea posible: defendiendo su profesión, informándoles, compartiendo datos, animándolos a reflexionar sobre nuevos territorios de oportunidades, etc.
Y, por supuesto, a las asociaciones nos corresponde actuar más que nunca como sector. Solo así saldrá fortalecida toda la cadena de valor.
En definitiva, seamos todos juntos los protagonistas de la recuperación.
