La Unión Europea podría prohibir la venta y alquiler de las viviendas que incumplan la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) en el año 2030.
Esto se puede extraer de las declaraciones de Enrique Sánchez, director general de IESA Comunidades Energéticas, que asegura que “para cumplir el calendario de descarbonización al que se han comprometidos los países miembros, es necesario rehabilitar edificios”.
Para alcanzarlo, existen dos alternativas posibles: la incentivación positiva derivada de la llegada de los fondos Next Generation y la adopción de otro tipo de medidas más prohibitivas en el futuro para poder alcanzar los objetivos marcados.
Francia ha sido el primer país de la Unión Europea que ha aprobado actuaciones en este sentido, prohibiendo la venta o alquiler de inmuebles que no tengan una certificación energética adecuada.
Desde el 1 de enero de este año, el país vecino considera a las viviendas que consumen más de 450 kW de energía final por m2 y año como “no aptas para el alquiler y la venta”.
Esta consideración se ampliará en 2025 para los domicilios con calificación energética de clase G; en 2028 quedarán fuera del mercado los de clase F, y en 2034 lo harán los calificadas con la letra E.
La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD), aprobada por el Parlamento Europeo hace unos meses, contempla que todos los edificios deberán contar con una calificación energética mínima E para 2030 y una mínima D para el año 2033.
Según indican desde IESA, con esta normativa, se confirma que la Unión Europea se ha tomado muy en serio el cambio en el modelo energético y busca los siguientes objetivos:
En España, más del 80 % de las viviendas son anteriores a 1980, por lo que la necesidad de rehabilitación “es enorme“. En declaraciones de Enrique Sánchez a este medio “estos edificios no tienen un abrigo suficientemente bueno y obligan a poner la calefacción más alta en invierno y el aire acondicionado a una temperatura más baja en verano, lo que conlleva un consumo desproporcionado“.
Sánchez también ha detallado qué medidas o actuaciones se pueden llevar a cabo para alquilar o vender pisos con certificación G en nuestro país.
En este sentido, el Libro del Edificio Existente “es el mejor inicio para conocer estas medidas”. Se trata de un conjunto de documentos obligatorios que contienen toda la información necesaria para que la comunidad de vecinos y los propietarios puedan realizar una correcta utilización y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.
Además, es un requisito para tener acceso a las subvenciones para mejoras en las comunidades.
“El Libro del Edificio Existente incluye el Certificado de Eficiencia Energética y permite conocer qué mejoras se pueden realizar en las comunidades de propietarios, el coste de abordarlas y la subvención a la que se podría acceder”, continúan desde IESA.
El documento tiene un coste medio de 1.900 euros, pero es se puede obtener una subvención del 100 % para su elaboración en las comunidades autónomas en las que se haya abierto el programa de ayuda su elaboración para la rehabilitación y redacción de proyectos de rehabilitación.
Estas comunidades autónomas son Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Castilla y León, y La Rioja, Galicia, Islas Baleares y Andalucía.
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