Gestores autonómicos, Ministerio y Sujetos Delegados coinciden en la necesidad de digitalizar el sistema CAE y reforzar la medida y verificación de los ahorros
El Foro CAE 2026, celebrado en Madrid el pasado 22 de enero con motivo del tercer aniversario del Sistema de Certificados de Ahorro Energético, estuvo marcado por la presentación del Decálogo de ASDAE, un documento que reúne diez propuestas estratégicas para consolidar y mejorar el funcionamiento del sistema. El encuentro, al que acudió el área de Material Eléctrico de C de Comunicación, reunió en el Ministerio de Industria y Turismo a gestores autonómicos, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sujetos Delegados, Sujetos Obligados y verificadores.
Organizado por la Asociación Nacional de Sujetos Delegados para los Certificados de Ahorro Energético (ASDAE), la cita sirvió como espacio de análisis y puesta en común sobre la evolución del sistema CAE desde la publicación del Real Decreto 36/2023, así como sobre los principales retos detectados tras tres años de aplicación práctica.
Foro CAE 2026: retos asociados a la validación de los ahorros energéticos
El Foro Cae 2026 se ha estructurado en dos sesiones. La primera, a puerta cerrada, reunió a gestores autonómicos y Sujetos Delegados para abordar la coordinación interadministrativa y la definición de criterios técnicos comunes.
Posteriormente, el subdirector general de Eficiencia y Acceso a la Energía, Jacobo Llerena Iglesias, inauguró la sesión abierta. Tras él, Elena González, presidenta de ASDAE, presentó el Decálogo de propuestas de la asociación. A través de este planteamiento, ASDAE situó el debate en la necesidad de seguir madurando el sistema CAE para garantizar su viabilidad a largo plazo y reforzar su papel como instrumento clave de la política de eficiencia energética y descarbonización.
Después de esto, tuvo lugar la mesa redonda ‘Retos y criterios de validación de los ahorros energéticos. ¿Qué hemos aprendido en estos tres años’, centrada en los retos asociados a la validación de los ahorros energéticos, en la que se puso el acento en la medida, la verificación y el intercambio de buenas prácticas entre comunidades autónomas. En ella se sentaron Suren Bardizbanian (Comunidad de Madrid), César de Cara (ICAEN – Generalitat de Cataluña), Alfredo Caroniga (EREN – Castilla y León) y Federico Miralles (Región de Murcia), junto con Guillermo López Alonso, Consejero Técnico de la Subdirección General de Eficiencia Energética.
Decálogo de ASDAE “para un Sistema CAE más eficiente”
Como eje central de la jornada, la asociación presentó, como documento estratégico, un Decálogo que recoge diez prioridades que, a su juicio, resultan fundamentales para dotar al sistema de mayor agilidad, seguridad jurídica y coherencia operativa.
Establecimiento de plazos máximos y digitalización del sistema
Entre las principales propuestas figura el establecimiento de plazos máximos para las liquidaciones y emisiones de CAE, incorporando el silencio administrativo con el objetivo de evitar expedientes bloqueados y reducir la incertidumbre de los distintos operadores.
La digitalización del sistema ocupa también un lugar destacado en el Decálogo. ASDAE plantea la necesidad de mejorar la plataforma del Ministerio y avanzar hacia un sistema de información que permita gestionar de forma más eficiente la emisión, la transmisión y la liquidación de los certificados, eliminando limitaciones técnicas y optimizando los procesos administrativos.
Clarificación de funciones y responsabilidades
Otro de los puntos relevantes es la clarificación de funciones y responsabilidades entre el Ministerio, los gestores autonómicos y los verificadores. Según se expuso durante la jornada, una delimitación más precisa permitiría evitar duplicidades y solapamientos, optimizar recursos y agilizar la tramitación de los expedientes. En este sentido, el Decálogo propone la creación de un comité de arbitraje técnico para la resolución de discrepancias dentro del sistema CAE.
Por otro lado, el documento también aborda la necesidad de definir con mayor precisión el papel de los verificadores y de reducir posibles conflictos de interés, así como de establecer criterios homogéneos y tiempos máximos para las inspecciones en todas las comunidades autónomas. A ello se suma la propuesta de exigir solvencia técnica y financiera a todos los actores capacitados para emitir CAE.
Revisión del umbral mínimo
Entre las medidas planteadas, figura asimismo la revisión del umbral mínimo que permite a los Sujetos Obligados solicitar CAE directamente, así como la publicación de aclaraciones legales sobre la Orden TED/815/2023 y el propio Real Decreto 36/2023, mediante guías interpretativas que aporten mayor seguridad jurídica a los agentes del sistema.
El Decálogo se completa con la propuesta de facilitar la emisión de CAE en el ámbito de la Administración Pública, con el fin de evitar que determinados proyectos queden excluidos por falta de criterios claros o por la vinculación del CAE a contratos de suministro energético, una situación que ASDAE considera un riesgo para el correcto desarrollo del sistema.
“Seguiremos trabajando para que el sistema CAE evolucione hacia un modelo más accesible, homogéneo y jurídicamente seguro. El Decálogo es una propuesta constructiva para fortalecer un instrumento clave de la política energética española”, señaló Elena González Sánchez.
Diez líneas de actuación fundamentales
- Facilitar la emisión de CAEs en la Administración Pública, desarrollando modelos claros y casos prácticos que eviten la exclusión de proyectos.
- Establecer plazos máximos para liquidaciones y emisiones, incorporando el silencio administrativo, con el fin de evitar expedientes en el limbo y reducir la incertidumbre para los operadores.
- Digitalizar y mejorar la plataforma del Ministerio, eliminando limitaciones técnicas en la carga documental y optimizando la experiencia de usuario.
- Clarificar las funciones entre Ministerio, verificadores y gestores autonómicos, evitando duplicidades y solapamientos.
- Crear un comité de arbitraje técnico que permita resolver discrepancias en plazos breves y con criterios homogéneos.
- Definir de forma precisa el papel de los verificadores, reduciendo conflictos de interés y estableciendo una guía nacional de verificación.
- Estandarizar criterios y tiempos de inspección en todas las comunidades autónomas.
- Canalizar siempre las subsanaciones a través del Sujeto Delegado, garantizando la trazabilidad y la integridad de los expedientes.
- Revisar el umbral mínimo para que los Sujetos Obligados puedan solicitar CAEs directamente, vinculándolo a criterios de capacidad técnica y solvencia.
- Publicar aclaraciones legales sobre la Orden TED/815/2023 y el RD 36/2023, mediante guías interpretativas oficiales.
