APPA Renovables advierte de que el IVPEE penaliza la competitividad industrial, frena la demanda eléctrica y dificulta la integración de nueva capacidad renovable en un contexto de precios cero y restricciones crecientes.
El sector renovable español eleva el tono frente a la fiscalidad eléctrica. En este sentido, APPA Renovables reclama la eliminación inmediata del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido “impuesto del 7 %” por considerarlo un freno directo a la electrificación y una desventaja competitiva en el mercado ibérico.
Como explica la asociación, se trata de un impuesto que nació en 2012, en un contexto de déficit tarifario ya superado. A su vez, encarece la generación eléctrica, precisamente en un momento en el que el país necesita aumentar su demanda para integrar más renovables y así cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
“En España seguimos arrastrando el lastre de un impuesto que va contra los objetivos que tenemos marcados; las renovables son el 25 % de nuestro consumo global de energía, pero más del 55 % de nuestra electricidad, no podemos seguir frenando la electrificación”, declara José María González Moya, director general de la asociación.
Portugal elimina su gravamen equivalente
Tras la decisión de Portugal de eliminar su gravamen equivalente, la presión del sector se intensifica. Desde APPA Renovables explican que en un mercado acoplado como el MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidad), mantener un 7 % adicional sobre los costes de generación en España introduce una distorsión directa frente a la producción lusa.
Del mismo modo, advierten de que esta asimetría fiscal puede devenir en más vertidos renovables y menor competitividad industrial en frontera. “No podemos desaprovechar nuestros magníficos recursos renovables porque elegimos tener mayores impuestos que nuestros vecinos; esto se traduce en más vertidos, más emisiones y menos competitividad”, señala González Moya.
A ello se suman, además, las recomendaciones de la Comisión Europea para reducir la carga fiscal sobre la electricidad, actualmente gravada (según recuerda el sector) hasta cuatro veces más que otros consumos fósiles como el gas.
Electrificación como gran cuello de botella
Desde el sector apuntan a una paradoja estructural en España: aunque más del 75 % de la electricidad generada es libre de emisiones (incluida la nuclear) y más del 55 % es renovable, la electricidad apenas supera el 25 % del consumo final de energía desde hace más de dos décadas.
El PNIEC fija unos objetivos ambiciosos: 48 % de renovables sobre el uso final de la energía y 81 % de renovables en generación eléctrica en 2030. Para el sector, sin una electrificación masiva en industria, transporte y edificación, estas metas no son asumibles.
En palabras del director general de APPA Renovables, “si queremos cumplir el PNIEC, si de verdad nos creemos que podemos cambiar nuestro modelo energético y económico en cuatro años, necesitamos que la electricidad renovable sustituya consumos fósiles en industria, edificios y transporte”. “No tiene sentido gravar con un 7 % la generación del vector que debe crecer”, subraya.
Más capacidad, menos aprovechamiento
El debate fiscal llega en un momento de creciente tensión estructural en el sistema eléctrico. En 2025, la generación renovable apenas creció un 1,2 % pese a que la potencia instalada aumentó cerca de un 10 %. Paralelamente, la generación fósil (principalmente ciclos combinados) se incrementó un 27,8 % respecto a 2024.
Además, el 9,2 % de las horas del año registraron precios cero o negativos, mientras que las restricciones de red se duplicaron, pasando del 1,6 % al 3,2 %. Como resultado, en 2025 se desaprovechó aproximadamente el 18 % del potencial de generación renovable, con especial incidencia en el sistema canario, donde en algunas islas se superó el 20 % de energía no integrada.
La asociación advierte de que penalizar fiscalmente la generación en este contexto “encarece el consumo electrificado, limita la demanda y complica la absorción de nueva producción renovable justo cuando el país necesita acelerar”.
Una fiscalidad “anacrónica” en revisión
El IVPEE se suma a otros gravámenes como el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), del 5,11 %, además del IVA y múltiples cánones y tasas autonómicas que, según el sector, lastran la competitividad de la energía renovable.
Para APPA, parte de la estructura fiscal energética responde a inercias históricas alejadas de los objetivos actuales de descarbonización y reindustrialización. La organización reclama una revisión coordinada que aporte certidumbre regulatoria y señales claras de inversión.
“Existe un consenso social y político de evolución hacia los consumos eléctricos; esto debe trasladarse a una actualización de la fiscalidad. Sin certidumbre sobre el futuro del rumbo del país no hay electrificación, eficiencia, ni competitividad”, expresa González Moya para finalizar.
