La propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales llega como una losa más sobre las espaldas de las pequeñas y medianas empresas del sector de las instalaciones en Madrid.
Como si no tuviéramos ya suficientes obstáculos, ahora se suma una avalancha burocrática que amenaza con ahogar a las empresas, convirtiendo un panorama ya complejo en una auténtica pesadilla para las más perjudicadas: las pymes y autónomos.
Siempre hemos defendido que el mercado laboral mejore y sea más saludable, pero no a cualquier precio y, sobre todo, no a costa de las pymes y los autónomos.
Costes, mano de obra, absentismo y burocracia
El primer golpe es, sin duda, el aumento de los costes laborales. Con menos horas por empleado, se necesitará contratar más personal, disparando los gastos en salarios y Seguridad Social. ¡Y todo esto en un sector que el SEPE ha catalogado de “difícil cobertura”!
Encontrar mano de obra cualificada es ya una odisea, y ahora la necesidad se multiplica. Estimamos que este incremento de costes podría suponer entre un 5 % y un 15 % de la masa salarial total, sin contar los gastos indirectos por contratación, formación y las inevitables horas extras que añadirán un 2 % a un 8 % adicional a los ingresos.
Pero la cosa no acaba ahí. El absentismo laboral, un problema crónico, se convierte en un auténtico quebradero de cabeza en este nuevo escenario. Más ausencias significan más costes para cubrir huecos, una caída en picado de la productividad, una sobrecarga insoportable para quienes sí acuden a trabajar y, por supuesto, el riesgo constante de incumplir plazos con los clientes.
Y llegamos al punto de la burocracia y los protocolos. ¡Es inaudito! Las pymes no tienen los macrodepartamentos de recursos humanos de las grandes empresas, pero se les exige invertir tiempo en elaborar e implementar protocolos para todo: acoso laboral, registro retributivo, desconexión digital, protección de datos, etc. Analizar, redactar documentos, comunicar, formar, hacer seguimiento… Se calcula que esto podría consumir entre un 5 % y un 10 % de la jornada laboral anual de uno o varios empleados.
Las pymes instaladoras, las más afectadas
El impacto de todo esto no será uniforme, aunque las empresas más pequeñas, las que ya van justas de recursos, serán las más golpeadas. Si bien es cierto que hay medidas para mitigar este impacto (optimizar la plantilla, flexibilizar horarios, negociar con clientes y buscar ayudas públicas), la realidad es que el peso de la burocracia es una carga injusta que resta competitividad y erosiona poco a poco.
Además, no podemos olvidar el contexto más amplio de España, un país que enfrenta importantes desafíos laborales en las próximas décadas. El envejecimiento de la población reduce nuestra fuerza laboral; existe un evidente desajuste entre la formación y las necesidades del mercado, y nuestro tejido empresarial es frágil precisamente por la excesiva burocracia, los constantes protocolos, las normativas cambiantes y los elevados costes laborales.
A esto se suman el impacto transformador de la Inteligencia Artificial y los persistentes desequilibrios territoriales. Añadir más carga burocrática en este escenario es, simplemente, contraproducente y amenaza con convertir a nuestras pymes en el talón de Aquiles de la economía.
En APIEM estamos para apoyar a nuestros asociados en esta lucha. No podemos permitir que la excesiva burocracia nos frene. ¡Es hora de que las administraciones entiendan la realidad de las pymes y nos dejen trabajar!
