Categorías: Sectoriales

El PP se opone al régimen sancionador para la morosidad

El Partido Popular (PP)
rechazó con sus votos la creación de un régimen
sancionador
para las empresas que no cumplan los plazos de pago marcados
por la Ley 15/2010 de Lucha contra la
Morosidad
en las Operaciones Comerciales, iniciativa debatida ayer por la
tarde en el Congreso de los Diputados. La Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad (PMcM) “lamenta
profundamente” esta oposición a una medida que con multas ejemplarizantes
pretendía “ganar la batalla a la morosidad”, como ha señalado Antoni Cañete, presidente de la PMcM.

“El rechazo al régimen sancionador pone de manifiesto que
las decisiones importantes en nuestro país se toman a espaldas de los intereses
empresariales, en general, y de las pymes
y los autónomos
, en particular. Los partidos políticos han entendido la
importancia de esta ley a excepción del Partido Popular”, ha declarado Cañete
en un comunicado.

La nueva ley, que ha sido rechazada, fijaba multas de hasta
900.000 euros para las faltas muy graves y cierres temporales de un año para
las compañías que acumularan tres de estas infracciones. “La morosidad ha
provocado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido
desde el inicio de la crisis. Y la única manera de poner freno a esta sangría
es poner multas ejemplarizantes a las compañías que no cumplan con los plazos
de pago”, ha asegurado el presidente de la PMcM, entidad que agrupa a 1,5
millones de empresas y 4 millones de trabajadores.

Desde la Plataforma siguen creyendo que, a pesar del resultado
de la votación, esta iniciativa podría contribuir a cambiar “la cultura de
pagos en nuestro país y acabaría, de una vez por todas, con las prácticas
abusivas
”.

La propuesta de creación de un régimen sancionador, que ha
sido rechazada esta tarde en el Congreso de los Diputados, tiene su origen en
la propuesta de Ley que presentó en el Congreso de los Diputados Josep Sánchez Llibre, portavoz
económico de CIU, el pasado 22 de
enero. El texto se basa en una reivindicación histórica de la PMcM, que ha
visto cómo el apoyo conseguido en la II Cumbre de Morosidad, celebrada en noviembre de 2013, se ha diluido en el  momento de la tramitación parlamentaria.

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