El Sistema CAE está a la orden del día desde que aterrizara en el mercado español en 2023, cuando se aprobó la orden ministerial TED/815/2023. Supone una oportunidad para el avance del ahorro energético anual de las empresas, pero su complejidad es una barrera que se intenta sortear a través de diferentes iniciativas.
Los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) llegaron al mercado español después de la aprobación de la orden ministerial TED/815/2023 como una oportunidad para el avance del ahorro energético anual de las empresas y después de que Francia, Polonia o Italia probaran sus beneficios.
Pero lo hizo con algo de retraso, como nos recuerda Rafael Leiva, ingeniero y director de la consultoría i2SER. “En España vamos tarde, porque esto nació de una normativa europea de 2012, se traspuso a la legislación española de 2014 y no se ha puesto en marcha hasta el 2023”, explica. Y completa: “En los otros tres países de Europa, ya lleva unos 8 o 9 años implantado”.
En cualquier caso, el contexto fue propicio por diferentes factores: la emergencia climática y la necesidad de estimular la descarbonización en la economía; la crisis de energía derivada de la guerra de Ucrania; la dependencia del exterior de los mercados energéticos y de los combustibles fósiles, etc. Sin embargo, el desconocimiento que provoca su complejidad es una barrera que limita su evolución y a la que tratan de sortear con diferentes iniciativas.
¿Qué es y por qué surge el CAE?
En base a lo que explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el CAE es un certificado electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kWh. De esta manera, si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kWh, se podrán obtener 500 CAEs.
Hay que remontarse a la actual Directiva de Eficiencia Energética, Directiva (UE) 2023/191, y sus predecesoras para entender su origen. A través de esta, y como nos trasladan desde ANESE, “se obliga a los Estados miembros a fijar objetivos de ahorro energético y a reportar su consecución”.
Así, para conseguir los objetivos europeos, España apuesta por la implantación de medidas alternativas de diferentes tipos y por la puesta en marcha del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE). Es aquí donde entran en escena los sujetos obligados: comercializadoras de electricidad, gas natural y productos petrolíferos y GLP al por mayor.
Estos sujetos tienen que realizar un aporte económico anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en función de sus ventas de mercado. Con ese presupuesto, se lanzan programas de ayudas de eficiencia energética en distintos sectores de la economía que permiten obtener ahorros energéticos.
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