Las asociaciones de autónomos ponen en jaque al Gobierno

Uno de cada diez autónomos, en torno a 300.000, prevé tener que cerrar su actividad este año, y un 40,5 % del colectivo duda si podrá continuar. Son datos de mayo de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), uno de los colectivos que más afectado se ha visto por la crisis del COVID-19.

Teniendo en cuenta que los autónomos representan -también según ATA- entre un 15 y un 18 % del PIB, la Asociación de Trabajadores Autónomos, junto con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha elaborado una propuesta que ya está sobre la mesa del Ministerio de Seguridad Social, para que la prestación extraordinaria por cese de actividad y la exoneración de cuotas de la Seguridad Social se desvinculen del estado de alarma.

Piden prórrogas, como se ha hecho con los ERTE

Tanto ATA como UPTA han pedido al titular del Departamento, José Luis Escrivá, que estas medidas se prorroguen más allá del 30 de junio, como se ha hecho con los ERTE, y han redactado un documento en el que plantean las diferentes casuísticas que se podrían presentar y cómo actuar en cada caso (como se puede observar en la imagen incluida en esta noticia). 

Y es que, tal y como están reguladas las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno en relación con los trabajadores autónomos, su vigencia concluiría cuando finalice el Plan para la Transición hacia la nueva normalidad (es decir, cuando acabe la Fase 3 de la desescalada).

Por ello, ATA y UPTA consideran que, en el ámbito del colectivo de los trabajadores autónomos, se deben tener en cuenta una serie de factores para prorrogar las ayudas gubernamentales: principalmente, que la actividad se vea afectada por cualquier tipo de restricción (por las medidas y protocolos sanitarios) cuando concluya el estado de alarma; y que los ingresos sigan descendiendo, hasta el punto de reducirse en, al menos, un 75 % en comparación con el primer semestre del año.

“Consideramos que una misma actividad dista mucho de tener la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en el que se desarrolla”, señalan ambas asociaciones en un comunicado.

“Entendemos -añaden- que referenciar la continuidad de la prestación a CNAES (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) podría no dar solución a las necesidades específicas de las diferentes tipologías de negocios”.

“Esta propuesta parte de la convicción de la necesidad de mantener dicha ayuda esencial para el sostenimiento de los autónomos y sus negocios en España“, concluyen.