Greenward Partners, ANESE, A3e y GBCe han firmado el manifiesto 'Rehabilitar el futuro', en el que instan a las Administraciones públicas a aprovechar el potencial del sector como motor para la recuperación económica.
Con el aval de que la rehabilitación energética de edificios tiene capacidad para generar hasta 80.000 empleos al año, asociaciones como Greenward Partners, ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos), A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética) y GBCe (Green Building Council España) han firmado el manifiesto ‘Rehabilitar el futuro‘.
En él se insta a las Administraciones públicas a adoptar 20 medidas que permitan aprovechar todo el potencial del sector como motor de la recuperación económica en la etapa pos-COVID-19 y como herramienta para la lucha contra el cambio climático.
Las asociaciones que han suscrito el manifiesto aglutinan a más de medio millar de empresas, asociaciones profesionales y empresariales, centros de investigación, instituciones académicas y centros tecnológicos, entre otros, de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.
“Es hora de pasar de las palabras a los hechos”
Lo primero que las asociaciones firmantes reivindican es que se reconozca la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que ahora comienza su tramitación parlamentaria.
Además, y sobre la base de que el 80 % de los edificios en España son ineficientes y responsables del 40 % del consumo de energía y de un tercio de las emisiones de CO2, “es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, consideran las asociaciones que han suscrito el documento.
1.- El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
2.- La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
3.- La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
4.- La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
5.- La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.
6.- El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
7.- La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
8.- La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
9.- La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
10.- La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
11.- Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
12.- La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
13.- Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida.
14.- La ejemplaridad de la Administración pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3 % de su parque edificatorio y elevarlo a un 6 %.
15.- La creacion de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
16.- El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.
17.- La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones.
18.- Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y municipal.
19.- Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
20.- La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.
