El retraso en los pagos se ha institucionalizado, lastra a las pymes y pone en peligro la viabilidad del tejido empresarial, según advierte la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha lanzado una nueva advertencia sobre el carácter estructural y generalizado de la morosidad empresarial en España, a la que califica como “una bomba de relojería” que la Comisión Europea intenta desactivar. Asimismo, explica que el nuevo reglamento europeo COM(2023) 533 representa “una oportunidad histórica” para combatir está problemática, aunque muestra su preocupación ante el “riesgo de que las excepciones sectoriales debiliten su efectividad”.
“Pagar tarde se ha institucionalizado”
Tal y como denuncia la organización, el retraso en los pagos se ha convertido en una práctica cada vez más habitual, especialmente entre las grandes compañías. Esto termina perjudicando a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99,8 % del tejido empresarial del país.
En palabras de Antoni Cañete, presidente de la PMcM, “pagar tarde se ha institucionalizado”. “Para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”, denuncia Cañete, quien advierte de que esta práctica supone “una amenaza sistémica” para la supervivencia de las pymes españolas.
Según los últimos datos del Banco de España y recogidos por la plataforma, en el segundo semestre de 2024 el plazo medio de pago entre empresas cotizadas fue de 136 días. Algunos sectores alcanzaron cifras especialmente elevadas y lejos del límite legal de 60 días, como ‘Información y comunicaciones’, 252 días, y ‘Resto’ (que agrupa a empresas de sectores diversos no detallados individualmente), 309 días. “Esto afecta directamente a la liquidez de las pymes, les resta capacidad de inversión y las hace más vulnerables ante cualquier crisis económica”, subraya Antoni Cañete.
El nuevo reglamento europeo COM(2023) 533
Desde la PMcM también se cuestiona la eficacia del marco legal vigente, en particular de la Directiva 2011/7/UE. “Carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos”, señala el presidente de la plataforma. Además, Cañete lamenta que los controles previstos en la Ley de Contratos del Sector Público “son insuficientes o inexistentes”.
En este contexto, la Comisión Europea propone el nuevo Reglamento europeo COM(2023) 533, actualmente en debate en el Consejo Europeo y que aspira a sustituir la directiva vigente, representa para la PMcM “una oportunidad histórica” para revertir la cultura del pago tardío. El texto proponía en su primera versión un plazo único de pago de 30 días naturales, un sistema automático de sanciones y la creación de autoridades nacionales de supervisión.
Durante su tramitación en el Parlamento Europeo se han introducido algunas excepciones, como los plazos más amplios para productos de baja rotación o estacionales. Estas, aunque pueden responder a ciertas realidades económicas, “corren el riesgo de debilitar el objetivo principal: erradicar la cultura de pago tardía en Europa”, según advierte la PMcM.
“El éxito de este reglamento dependerá de que los Estados miembro lo apliquen con firmeza, doten de medios a las autoridades supervisoras y no cedan a presiones sectoriales que busquen mantener el statu quo”, afirma Cañete. “La pregunta clave es si Europa va a proteger de verdad a las pequeñas empresas o si se dejará arrastrar, una vez más, por las excepciones y los intereses particulares”, se cuestiona.
Nueva medida de la Generalitat de Cataluña
A nivel nacional, la PMcM ha valorado positivamente la medida adoptada por la Generalitat de Cataluña para realizar pagos directos a los subcontratistas, una medida que la entidad venía reivindicando desde hace años. Según su ‘Informe sobre Morosidad en España 2024’, estos proveedores cobran una media de 88 días, muy por encima del plazo legal.
Cañete considera que esta política debería extenderse a todas las administraciones del país: “Es una herramienta eficaz para reducir la morosidad y mejorar la liquidez de las empresas más vulnerables”, concluye.
