Desde la plataforma reclaman una investigación urgente, además de reformas en el sistema FACe ante prácticas que podrían perjudicar a proveedores.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado la existencia de posibles prácticas irregulares en los pagos de las Administraciones Públicas (AA.PP.) a sus proveedores. Esto estaría provocando un incremento encubierto en los plazos de pago, a pesar de no vulnerar de manera formal la normativa vigente.
Según explica la PMcM, la manipulación del momento de registro de las facturas o la reemisión reiterada de documentos con errores serían algunas de las estrategias empleadas por ciertas administraciones para alargar los plazos de pago sin consecuencias legales. Estas prácticas, calificadas como “pago desleal”, afectan de manera directa a la viabilidad y competitividad de las empresas proveedoras.
La PMcM denuncia irregularidades en pagos de Administraciones Públicas
Los datos oficiales arrojados por el Ministerio de Hacienda sitúan en 22 días el plazo medio de pago de las Comunidades Autónomas en marzo del presente 2025. No obstante, el estudio de la PMcM (Informe sobre Morosidad: Estudio de Plazos de Pago en España 2024) asegura que el 78 % de los proveedores de la Administración Regional ha experimentado retrasos superiores al límite legal de 30 días.
Según la organización, nunca han registrado plazos de pago dentro de la legalidad por parte de las Administraciones Públicas. Antoni Cañete, presidente de la PMcM, subraya que la discrepancia entre los datos oficiales y los recopilados por entidades especializadas como Intrum y el propio Observatorio de Pagos de la UE es “significativa”.
“Somos conscientes de que los datos no tienen por qué coincidir, ya que nuestras muestras son más pequeñas y los Gobiernos disponen de información completa. Es normal que existan ciertas diferencias debido al tamaño y origen de las muestras. Sin embargo, la discrepancia entre ambos resultados es significativa, y no solo lo hemos detectado desde la PMcM, sino que también ha sido confirmada por el Observatorio de Pagos de la UE”, traslada.
Tanto la PMcM como el Observatorio de Pagos de la UE también apuntan a que la constante reemisión de facturas por errores podría ser otra de las prácticas utilizadas para reiniciar el cómputo legal de los plazos de pago.
Investigación exhaustiva y reformas urgentes
Un ejemplo concreto, según Cañete, es el caso del Ayuntamiento de Lugo, que presuntamente habría retrasado de manera intencionada el registro de las facturas para comenzar a contar el plazo legal más tarde de lo debido. Ante esta situación la PMcM reclama una investigación exhaustiva y reformas urgentes en el sistema de facturación electrónica FACe, a fin de impedir que estas prácticas continúen ocurriendo.
De este modo, insta a las autoridades competentes a que “investiguen estas prácticas y actúen con la mayor celeridad posible, ya que de ello depende, en gran medida, la viabilidad y competitividad de nuestras empresas”, señalan. “Todas las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir la ley”, concluye el presidente de la plataforma.
