El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha archivado la causa contra unas 30 personas investigadas por el presunto robo de grandes cantidades de cobre en las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha por falta de pruebas suficientes, según recoge Europa Press.
El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha archivado la causa contra unas 30 personas investigadas por el presunto robo de grandes cantidades de cobre en las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. La decisión, adoptada el pasado 24 de septiembre de este 2024 y recogida por Europa Press, se basa en la falta de pruebas suficientes para continuar el proceso judicial.
3,2 toneladas de cobre incautadas
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil comenzó en el año 2022. El organismo identificó entonces a una red delictiva integrada por diversos clanes o familias procedentes del Este de Europa. Estas se dedicaban al robo de cobre, mientras que otro grupo operaba desguaces y chatarrerías donde se adquiría el material sustraído.
Durante las operaciones policiales se realizaron 16 registros en las localidades de Guillena, Camas y Sevilla, donde se incautaron 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en efectivo, herramientas y maquinaria especializada para el tratamiento del cobre, así como una escopeta robada y varios vehículos.
El valor total de los robos ascendía a 1,3 millones de euros, según las estimaciones policiales, aunque el auto del juzgado señala que las pruebas recabadas no fueron concluyentes para implicar a los investigados de manera directa en los mismos.
“No se ha interceptado ninguno de los vehículos destinados a la perpetración de los robos en la forma descrita por el informe policial”, destaca el auto. Por otro lado, subraya que “ni un solo viaje interceptado de los vehículos implicados […] ha permitido localizar cableado procedente de alguno de los robos”.
Pruebas insuficientes
Las grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad y las escuchas telefónicas no fueron suficientes para vincular de manera clara a los acusados con los hechos delictivos. Según el juzgado, “en las conversaciones obtenidas con las escuchas telefónicas se alude a viajes, entrega de material, cargas o precios, pero no hay claras alusiones a los lugares de procedencia”.
Además, el ente judicial también identificó como insuficientes las pruebas relacionadas con cuatro mujeres investigadas. Determinó que estas solo estaban relacionadas con el caso por ser parejas de los acusados, además de haber contratado líneas telefónicas que pudieron ser usadas por ellos.
Finalmente, el juzgado ha ordenado la devolución de los bienes, vehículos y objetos intervenidos a sus propietarios, así como la retirada de las medidas cautelares impuestas. Asimismo, el abogado defensor de dos de los investigados ha señalado que están valorando la posibilidad de demandar al Estado por los perjuicios económicos y morales sufridos durante el proceso.
