Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y Pimec, aborda los desafíos legislativos que afectan a las pymes españolas, con especial énfasis en un sector eléctrico que, asegura, se ve "particularmente afectado" por la morosidad.
El nuevo Reglamento Europeo contra la morosidad, la reducción de la jornada laboral, la facturación electrónica… En los últimos meses, el ámbito legislativo no ha dejado de moverse, manteniendo en alerta a las empresas de diferentes sectores por los posibles impactos, positivos o negativos, que estos cambios puedan generar.
Son temas que, en ocasiones, se encuentran en el foco de polémicas y desacuerdos. Ante un contexto en el que la morosidad y la implementación de nuevas políticas económicas afectan de manera directa a las pequeñas y medianas empresas, el Área de Material Eléctrico de C de Comunicación entrevista a Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y Pimec (Micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña), quien expone los retos a los que se enfrentan las pymes españolas, con especial atención al sector eléctrico.
Cañete analiza temas clave como la reducción de la jornada laboral, “que debe ser sectorial y tener en cuenta las diferencias de tamaño empresarial”, o la facturación electrónica, la cual considera “comparable a la evolución en la gestión de riesgos laborales; un costo al principio, pero hoy una necesidad esencial para cualquier empresa”.
También se evidencia la preocupación por un sector eléctrico que es “estratégico” y se ve particularmente afectado por la morosidad, la falta de personal cualificado y las complejidades regulatorias. Todo ello hace imperativo buscar soluciones efectivas y equitativas, que permitan a las pymes españolas garantizar su competitividad en el mercado.
Pregunta. La reducción de la jornada laboral es un tema actual y controvertido, ¿qué implicaciones tiene para las pymes y cómo sugiere que se aborde?
Respuesta. La reducción de la jornada laboral es una propuesta política que surge de acuerdos de gobierno, por lo que su debate debe situarse en el marco del diálogo social entre ambas partes. De hecho, más del 25 % de los convenios colectivos ya contemplan jornadas laborales inferiores a las 37,5 horas en aquellos sectores que pueden permitírselo.
Aunque a simple vista reducir horas sin bajar salarios puede sonar atractivo, es crucial abordarlo desde una perspectiva más amplia, considerando factores como la productividad – en España es de las más bajas en Europa-, el absentismo y la falta de personal cualificado, donde las empresas acusan serios problemas.
Esta medida debe ser sectorial y tener en cuenta las diferencias de tamaño empresarial. Mientras grandes empresas pueden reorganizar turnos, pequeñas y medianas empresas, especialmente las gestionadas por autónomos, se verían gravemente afectadas. Es vital que en estas negociaciones las pymes, que constituyen el 99’8 % del tejido empresarial español, tengan una representación real.
P. Ante esa medida del Gobierno, CEPYME se mostró muy crítico y presentó un informe donde explicaba que el sector de la electricidad y el gas es uno de los más damnificados, ¿cuál es su postura al respecto?
R. Es positivo que CEPYME haya comenzado a abordar cuestiones que afectan directamente a las pymes, aunque es crucial que estas propuestas no se queden en declaraciones y se reflejen en la negociación. En este sentido, es importante recordar que el sector eléctrico es estratégico y enfrenta grandes desafíos, principalmente la falta de personal cualificado. En los próximos años, solo en Cataluña, se necesitarán más de 11.000 instaladores eléctricos. Es un sector bien remunerado, pero sigue afectado por la escasez de profesionales, así como por la burocracia y la regulación excesiva.
P. Entre otras cuestiones, la morosidad también entra juego. ¿Cómo afecta a las pymes del sector eléctrico en España?
R. El sector eléctrico, en particular, sigue siendo uno de los más afectados por la morosidad debido a su estructura de cadena de valor. Las grandes empresas, abusando de su posición dominante, han utilizado mecanismos como el confirming para maquillar los plazos de pago en sus balances, lo que perjudica gravemente a las pequeñas empresas. Es particularmente grave en este sector, donde los retrasos en los pagos afectan a toda la cadena de suministro, desde fabricantes hasta instaladores.
Ahora, un reciente reglamento europeo obliga a que el confirming se contabilice en los balances empresariales, visibilizando los plazos de pago reales. Este cambio será fundamental, ya que las empresas deberán reflejar la realidad en sus balances, eliminando discrepancias entre lo que declaran ante la CNMV y sus auditorías internas.
Si quieres leer la entrevista completa, puedes acceder al visor digital del último número de la revista Cuadernos de Material Eléctrico.
