"Estamos a favor del progreso y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, eso es innegociable, pero con fórmulas que puedan ser asumidas por las empresas en función de su tamaño y de su capacidad financiera", apunta Ángel Bonet, presidente de APIEM.
La reducción de la jornada laboral a 37’5 horas propuesta por el Gobierno es un tema candente y que no contenta a todo el mundo. El impacto que podría tener en el sector eléctrico, uno de los más perjudicados, es significativo, según detalló en su informe CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), quien lanzó un duro manifiesto en el que muestra su malestar ante lo que consideran injerencias por parte del Ejecutivo.
Bajo el título ‘Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme’, elaborado por la patronal, se estima que el coste anual directo que afrontarán las empresas por cada trabajador se sitúa en 1.013 euros. Este podría ser superior en otros sectores, siendo el de la electricidad y el gas uno de los más damnificados: por trabajador, los costes anuales se han cuantificado en 1.723 euros. Asociaciones como AECIM, FEGiCAT y APIEM también han reaccionado a la última medida.
“Este documento representa un firme posicionamiento contra las políticas gubernamentales que amenazan la autonomía y el desarrollo de las empresas del país”
AECIM, sobre el manifiesto de CEPYME.
Reacción de las asociaciones a la reducción de la jornada laboral
“Una mala noticia para el sector”
En respuesta a este medio, Ángel Bonet, presidente de APIEM, indica: “Creemos que en nuestro sector, por sus características, es más probable que la medida, de ser aprobada, resulte perjudicial. En su explicación, apunta: “Nuestro sector está compuesto al 95 % por pymes, micropymes y autónomos, con plantillas ajustadas que ofrecen servicios de urgencias y atienden avisos”.
“La aprobación de una medida de este parangón es una mala noticia para nosotros como sector, porque obliga a nuestras empresas a hacer un reajuste de plantillas que en muchos casos no es factible y podría dejar desatendido el servicio que ofrece la propia empresa”. Esto impactaría “de forma brutal en los proyectos y productividad de la empresas”.
En la misma línea, FEGiCAT ha lanzado un comunicado en el que expresa su “preocupación” ante “las graves consecuencias económicas y organizativas que esta medida podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME), especialmente en las empresas instaladoras”.
“La imposición de una jornada laboral reducida sin considerar las particularidades del sector pone en riesgo la capacidad de las empresas para responder de manera eficaz y eficiente a las demandas del mercado”.
FEGiCAT.
“Esta medida, implementada sin el consenso necesario y al margen de la negociación colectiva, interfiere directamente en la organización interna de las empresas y pone en riesgo su viabilidad. El sector de las instalaciones requiere una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los proyectos y de los clientes”, defienden.
Y completan: “La imposición de una jornada laboral reducida sin considerar las particularidades del sector pone en riesgo la capacidad de las empresas para responder de manera eficaz y eficiente a las demandas del mercado”.
El impacto en empresas instaladoras de material eléctrico
Para Ángel Bonet, las del sector eléctrico son “empresas que, en la mayoría de los casos, no tienen capacidad para hacer nuevas contrataciones que complementen las reducciones de horario de sus compañeros”.
Esta reducción a 37’5 horas puede tener, según expresa, varios impactos en empresas instaladoras de material eléctrico: “En costes operativos, es posible que haya un aumento en los costos laborales si se requiere contratar más personal para cubrir las horas perdidas”.
“Sin embargo, también podría haber beneficios en términos de productividad si los empleados están más motivados durante la jornada laboral”, reconoce. “En cuanto a los ajustes en los proyectos, es posible que se necesite reorganizar los horarios y plazos de entrega para adaptarse a la nueva jornada laboral”, completa.
Por su parte, desde FEGiCAT, hacen referencia a los últimos estudios, en los que se pone de manifiesto que “para las pymes catalanas, una disminución del tiempo de trabajo podría suponer un coste directo estimado de aproximadamente 3.800 millones de euros, además, habría que añadir la pérdida generada a la reducción de la producción”. Y completa: “En el sector de la instalación, sólo en Cataluña, la pérdida directa podría llegar a los 500 millones de euros”.
“La productividad del sector se vería afectada negativamente, puesto que la adaptación a la nueva jornada laboral podría no ser inmediata ni sencilla”, indican desde la federación catalana.
“En un momento en que las empresas instaladoras se encuentran en una fase de transformación, con muchas dificultades para contratar perfiles cualificados, es esencial mantener la flexibilidad organizativa para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado y garantizar la continuidad de las empresas”, remarcan.
Medidas ajustadas
“En APIEM siempre hemos defendido que no se puede legislar con ‘café para todos’. Estamos a favor del progreso y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, eso es innegociable, pero con fórmulas que puedan ser asumidas por las empresas en función de su tamaño y de su capacidad financiera”, apunta Ángel Bonet.
“Solo esta medida en particular no es suficiente para afrontar el problema real de la productividad. Todavía no se están tomando medidas para mitigar el impacto, puesto que aún no se ha dispuesto en la ley”.
Ángel Bonet, presidente de APIEM.
“Una pyme y micropyme tienen que tener medidas ajustadas a su naturaleza y condición para poder cumplir con las normativas y que sigan siendo rentables, que siga mereciendo la pena continuar con ellas y, por tanto, contribuyendo a la riqueza local y a la generación de empleo”, subraya.
FEGiCAT considera que “las empresas instaladoras no pueden asumir el incremento de los costes laborales derivado de esta reducción de la jornada laboral sin ver comprometida su competitividad y capacidad de inversión”.
“La imposición de este tipo de medidas unilaterales, sin considerar las peculiaridades y necesidades específicas de cada sector, no solo afectaría negativamente las empresas, sino que también puede conducir a una disminución de la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos e incrementar la inflación sectorial como consecuencia de la carencia de personal cualificado”, advierte la federación de Cataluña.
“La implementación de esta reducción de jornada requerirá un análisis detallado de los costos y beneficios para cada empresa en particular. Solo esta medida en particular no es suficiente para afrontar el problema real de la productividad. Todavía no se están tomando medidas para mitigar el impacto, puesto que aún no se ha dispuesto en la ley”, apunta desde APIEM Ángel Bonet.
Fomentar un diálogo abierto y constructivo
“Es difícil establecer medidas que puedan favorecer la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo e incrementar a su vez la productividad de los trabajadores y sus condiciones laborales. Para legislar, debe darse prioridad a los convenios colectivos, con el fin de facilitar su adaptación además de tener en cuenta que las posibilidades económicas de una gran empresa frente a una pequeña no son las mismas y la tarea de control de un sistema de control horario eficiente son costosas”, expresa Ángel Bonet.
Y, concluye con un par de reflexiones: “Es procedente también plantearse que, de aprobarse la reducción de jornada sin merma laboral, sería justo que a las empresas se las redujera el coste de lo que pagan por cada trabajador a la Seguridad Social. Asimismo, me gustaría lanzar la siguiente reflexión: ¿la reducción de jornada podrá afectar a las bases de cotización y a la protección social de los trabajadores en futuras prestaciones: jubilaciones, invalidez e incapacidad temporal?”.
“Desde FEGiCAT instamos al Gobierno a reconsiderar esta propuesta y a fomentar un diálogo abierto y constructivo con los agentes sociales para encontrar soluciones equilibradas que permitan mejorar las condiciones laborales sin comprometer la viabilidad de nuestras empresas”, agregan.
“También pedimos a las patronales un posicionamiento firme y contundente entorno a esta propuesta y reiteramos nuestra disposición a colaborar en la búsqueda de medidas que promuevan un crecimiento sostenible y una mayor productividad en beneficio de la sociedad y de todos los actores implicados”, concluyen desde la federación catalana.
El manifiesto de CEPYME y el apoyo de AECIM
AECIM ha lanzado un comunicado en el que respalda el manifiesto que publicó CEPYME tras su Asamblea General ordinaria. “Este documento representa un firme posicionamiento contra las políticas gubernamentales que amenazan la autonomía y el desarrollo de las empresas del país“, indican.
Entre otras cosas, en el texto se aborda la reducción de la jornada laboral. Ante esto, AECIM defiende que “debe ser a través de la negociación colectiva como se reduzca progresivamente la jornada de trabajo”. Y agrega: “Esta reducción, para que sea positiva, debe ir ligada a un incremento de la productividad y esta ilación se conoce desde los respectivos sectores de la negociación colectiva”.
“La aceptación de las nuevas tecnologías en el trabajo varía según la actividad económica y, por lo tanto, la adopción de medidas generales no puede realizarse sin que ello conlleve efectos negativos en nuestra economía”, defienden.
