El último 'Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023' indica que tanto el sector privado como el público sobrepasan los plazos medios establecidos por la Ley 15/2010, sin que haya consecuencias. Desde la PMcM consideran al nuevo Reglamento europeo contra la morosidad una solución, al imponer sanciones de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.
Durante el 2023 el plazo medio de pago en el sector privado español sufrió un aumento de tres días (llegando a situarse en una media de 70) y en el sector público se redujo hasta 12 días (la media aquí es de 55 días). No obstante, en ambos casos se superan los plazos medios de pago que establece la Ley 15/2010: 60 días para empresas y 30 para administraciones públicas.
Además, al 62 % de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los que permite la ley “sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias”, indican desde la PMcM. Por otro lado, el 93 % de los proveedores no exigieron indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, mientras que el 85 % nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora.
Son datos que se extraen de la última edición del ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023’ presentado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Su presidente, Antoni Cañete, los hizo públicos este 18 de abril en la sede de CESCE, Madrid, ante los medios de comunicación en un acto en el que estuvo presente el área de Material Eléctrico de C de Comunicación. Tras la presentación, intervinieron los europarlamentarios Laura Ballarín Cereza (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo) y Pablo Arias Echevarría (Grupo del Partido Popular europeo).
Con este panorama, las Pymes exigen a Bruselas una regulación. Para Antoni Cañete, el nuevo reglamento europeo contra la morosidad podrá marcar “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y la viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos afectando su productividad y capacidad de empleo”.
El Reglamento Europeo contra la morosidad como solución ante “condiciones abusivas”
Desde la plataforma ven como una solución el Reglamento Europeo contra la morosidad, cuya aprobación está prevista el próximo martes 23 de abril en el último plenario del Parlamento Europeo. El texto impone sanciones de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Después del Parlamento Europeo, esta norma debe pasar por el Consejo de la Unión Europea, hasta su aprobación definitiva.
“La nueva edición del estudio de los plazos de pago de la PMcM constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas”, aseguran desde la plataforma.
En base a los resultados obtenidos del análisis llevado a cabo por la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en 2023 en el 5,1 %, ligeramente superior al 5 % de 2022.
Asimismo, un 74 % de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2024 no va a variar.
Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 73 % declara que sería pedir financiación, y un 17 % se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
Las cifras de la morosidad en España
La PMcM ha elaborado su informe a partir de más de 500 encuestas a sus organizaciones asociadas y ajenas. Además los datos ya mencionados, hay otros apuntes relevantes.
Sector privado:
- Para el 59 % de los encuestados, el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagar son las grandes empresas. Es decir, las que tienen una facturación de más de 50 millones de euros.
- El 81 % de los encuestados declara que las grandes empresa superan el plazo legal: el 45 % indica que les pagan muy por encima de los plazos legales (90 días); el 36 %, que lo hace algo por encima (entre 60 y 90 días); y el 19 %, que les pagan dentro del plazo legal.
Sector público:
- El 53 % de los encuestados asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar; en segundo lugar, la Regional (32 %); por último, la Administración Central, con un 15 %.
- Con respecto a los plazos medios de pago, sobrepasaron el periodo legal para el 81 % de los proveedores de la Administración Regional y para el 78 % de los proveedores tanto en Local como en Central.
Subcontratistas
Los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 99 días de media. Al margen de la encuesta, la PMcM denuncia que ha tenido constancia de que varios de sus asociados han recibido contratos en los que el medio pago es un confirming de 240 días en obras en las que operan como subcontratistas. “Claramente algunas grandes compañías quieren financiarse a costa de sus proveedores y eso es intolerable”, asegura Cañete.
La PMcM denuncia que la cadena de pagos en el sector público está “mal controlada” y esto permite que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos). El hecho de que no se están controlando los pagos de los principales contratistas a subcontratistas ha sido constatado por Oirescon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación), en su quinto ‘Informe Anual de Supervisión (IAS)’.
En él indica que el dato de la subcontratación “no está cumplimentado por el órgano de contratación en la mayoría de los casos, impidiendo dar una imagen real de la subcontratación en la contratación pública”, e insiste en que “la falta de información impide la supervisión de obligaciones impuestas a las Administraciones Públicas, tales como si se verifica el pago del adjudicatario a los subcontratistas y proveedores”. Así, el porcentaje de licitaciones de las que no se tiene datos, en relación a su subcontratación, aumentó en 2022 al 96,59%, esto es, 13.327 licitaciones.
Esta falta de rigurosidad se observa igualmente en otros campos. Tal y como queda reflejado en el el informe de la PMcM, el 83% de los participantes en la encuesta de la PMcM que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 euros, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago”.
