Hablamos con Alberto Hernández, director general de Energía del Gobierno de Canarias, sobre la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario y la situación energética de la Comunidad Autónoma.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado mes de diciembre la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Esta regulación dota al Gobierno autonómico de plazos más amplios y de una mayor eficacia a la hora de sancionar a las empresas eléctricas.
Para saber más al respecto, el Área de Material Eléctrico de C de Comunicación conversa con Alberto Hernández, director general de Energía del Gobierno de Canarias.
Pregunta. ¿Cuándo se solicitó la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario?
Respuesta. Tras el cero energético sufrido en la isla de La Gomera en julio de 2023, se ponen de manifiesto las deficiencias de las infraestructuras energéticas canarias y el 2 de octubre se declara la situación de emergencia energética. La medida se plantea a causa de la necesidad de depurar responsabilidades por los hechos ocurridos.
Es entonces cuando se detecta que existen ciertas complicaciones para llevar a cabo el procedimiento sancionador actual, ya que los plazos han demostrado ser insuficientes para completar todo el proceso burocrático. Contar con plazos más extensos era una necesidad, teniendo lugar la citada modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario.
P. ¿Qué supone esta modificación?
R. Esta modificación es esencial para que el Gobierno de Canarias pueda sancionar en tiempo y forma a las empresas que no cumplan, dando una respuesta más efectiva a los usuarios afectados.
La Ley actual (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario) regula el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Ley de Procedimiento Administrativo Común del Estado. Esta establece un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente sancionador, es decir, para imponer la sanción.
Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos (hasta 18 meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (solo tres meses), se propone la modificación mediante decreto ley del artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario, con el fin de que el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico.
El decreto ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22. Es una modificación que dará más seguridad jurídica al procedimiento sancionador, dado que unifica, en la Ley del Sector Público del Estado, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.
P. ¿Por qué Canarias padece una situación de emergencia energética?
R. Canarias cuenta con unas infraestructuras energéticas muy obsoletas, lo que ha provocado numerosos ceros energéticos en distintas islas. El último se produjo el pasado verano en La Gomera a raíz de un incendio en la central de El Palmar.
Con todo ello, se ponen de manifiesto, de forma clara y precisa, los riesgos existentes en el sistema sobre la continuidad de suministro eléctrico. Para paliar esta situación, se han tomado una serie de medidas a corto y medio plazo en las que ya se está trabajando, como la convocatoria de un concurso destinado a empresas que quieran cubrir las deficiencias energéticas, la inspección de las centrales de toda Canarias o la propia modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario.
P. ¿Alguna reflexión final?
R. Nada más incorporarnos al Gobierno se produjo el cero energético en la isla de La Gomera y, desde ese momento, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha trabajado para que Canarias cuente con un sistema eléctrico fuerte y acorde a la situación actual que viven las islas.
En la actualidad, tenemos muchos retos por delante, especialmente en la penetración de las energías renovables en el archipiélago. Tenemos el objetivo de descarbonizar Canarias para el año 2040 y estamos dando los pasos necesarios para conseguirlo, dialogando con todos los agentes implicados y actuando como una de las consejerías más transversales.
