El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, afirma que "algunas de estas grandes compañías van acumulando el líquido en vez de destinarlo a pagar en plazo a sus proveedores, financiándose, en cierta manera, a costa de ellos, vulnerando así la ley a través del uso de su posición de dominio".
Las empresas cotizadas pagan sus facturas a 120 días, duplicando el máximo permitido en la actualidad y cuadruplicando las exigencias de la Unión Europea para el próximo año, que fija un plazo de pago máximo de 30 días. Esta ha sido la principal conclusión del análisis del informe, realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ‘Central de Balances. Resultados del primer semestre de los Grupos Financieros no Cotizados (CBV)’, elaborado por el Banco de España sobre los balances de las empresas cotizadas a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), referidos al primer semestre de 2022.
Precisamente, esta revisión de la PMcM detecta que las compañías del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo liquidaron sus facturas en un periodo medio de 120 días, cuando el plazo legal permitido es de 60. Los datos son aún más curiosos, siempre según el informe de la plataforma, si se tiene en cuenta que dichas compañías cobran prácticamente en plazo, a una media de 61 días. Pero esta agilidad no se traduce en sus pagos. Los tiempos de liquidaciones de sus facturas “perjudican gravemente a sus proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia Antoni Cañete, presidente de la PMcM.
Vulneración de la ley a través de su posición de dominio
Cañete afirma que “algunas de estas grandes compañías van acumulando el líquido en vez de destinarlo a pagar en plazo a sus proveedores, financiándose, en cierta manera, a costa de ellos, vulnerando así la ley a través del uso de su posición de dominio”.
Asimismo, el presidente de la plataforma denuncia que no se están cumpliendo los criterios de información para acceder a las subvenciones. Según el último informe de 2023 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, solo el 34,7 % de la muestra evaluada de entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas ha cumplido con sus obligaciones de transparencia.
El sector de la información y comunicaciones y la construcción, a la cabeza en morosidad
Los principales sectores de actividad de las empresas cotizadas presentan una media de plazos de pago por encima del máximo que permite la ley. Así, el sector de la información y las comunicaciones arroja una mayor demora en la liquidación de sus facturas, con plazos que llegaron a los 337 días.
Junto a este sector, la construcción y actividades inmobiliarias, con 176 días; comercio y hostelería, con 132 días; industria, con 78; y energía, con 72 días.
Pero es que estas cifras se contraponen a las correspondientes a los cobros que esas mismas empresas realizan a sus respectivos clientes. Las compañías del sector de la construcción y las actividades inmobiliarias cobraron sus facturas a 99 días; el plazo medio de cobro en el sector de la información y comunicaciones alcanzó los 68 días; seguido de la energía (66), industria (50) y el comercio y la hostelería (24).
Ante esta situación, la PMcM urge a todas estas empresas cotizadas a “reaccionar cuanto antes”, de cara al futuro reglamento que el Parlamento Europeo validará en febrero y obligará a pagar a 30 días, con sanciones para quien no lo cumpla. Una medida, en palabras de Cañete, “más necesaria que nunca”.
