José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), reflexiona en este medio sobre la normativa que regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Si ayer publicábamos la postura del CSCAE sobre el proyecto de real decreto por el que se modifica la normativa que regula el procedimiento básico para los certificados energéticos de los edificios, hoy hablamos con José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI).
En primer lugar, asevera que la posición del consejo siempre ha sido coherente con lo que entienden que es más ventajoso para la comunidad y, por tanto, alejada del inmovilismo y la restricción a otros titulados, pero en ningún caso les parece acertada la propuesta que se ha presentado. “Y decimos esto porque se sigue confundiendo liberalización con libertinaje y, sobre todo, se está banalizando el concepto de ejercicio profesional que conlleva unas obligaciones siempre en beneficio de la sociedad”, apunta.
“Se sigue confundiendo liberalización con libertinaje y, sobre todo, se está banalizando el concepto de ejercicio profesional”.
En este sentido, argumenta que los Colegios Profesionales tienen la función de velar por el correcto ejercicio de las profesiones como garantía para los ciudadanos. Sin embargo, “ahora todo eso se pretende sustituir única y exclusivamente mediante un registro, que será recurrente para nuestros colegiados, sin que exista control alguno sobre el ejercicio profesional, lo cual entendemos producirá un efecto devastador en la credibilidad y garantía de los certificados energéticos”.
En consecuencia, José Antonio señala que no se oponen a que otros titulados puedan realizar los certificados de eficiencia energética, aunque sí piden que se haga bajo el control y la supervisión de los Colegios Profesionales para que todos los agentes cumplan los mismos requisitos y se produzca una “competitividad sana” entre expertos.
Certificados energéticos: postura de la CNMC
Por su parte, la CNMC estima como positivo que en el proyecto de real decreto desaparezca la reserva de actividad citada y se vincule a la capacitación técnica de los profesionales. Así lo expresó en un comunicado, donde a su vez realizó una serie de comentarios como suprimir o justificar debidamente la reserva de actividad para las certificaciones energéticas de proyecto, entre otros.
Sobre este punto, el presidente de COGITI defiende el modelo de concurrencia competitiva y la eliminación de barreras injustificadas. “De igual modo, somos firmes defensores del desarrollo profesional continuo y de la necesidad del reciclaje permanente como herramienta fundamental para la definición de las atribuciones profesionales”, indica.
“Somos firmes defensores del desarrollo profesional continuo y de la necesidad del reciclaje permanente”.
Y continúa: “No obstante, la CNMC, que ya nos gustaría que tuviese unos argumentos y posiciones similares en otros ámbitos, centra sus conclusiones en el acceso a la actividad profesional de certificación energética, pero no dice nada al respecto del posterior ejercicio y, con ello, se obvian los principios que sustentan la regulación, como son la calidad y garantía de los trabajos profesionales”.
Rigor, control y seguimiento
Como conclusión, José Antonio considera que se debe aprender de los errores cometidos con el real decreto 235/2013, cuya indefinición y falta de control sobre los técnicos produjo una relajación de la seriedad de los certificados energéticos. “Si no existe rigor, control y seguimiento, volveremos a la situación de competencia desleal, mala praxis e intrusismo, que provocará la indefensión del ciudadano y la pérdida de garantías y seguridad”, finaliza.
