Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), reflexiona en este medio sobre la normativa que regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Los arquitectos e ingenieros dejarán de tener, en ciertos casos, la exclusividad para emitir certificados energéticos. Así lo anunciamos ayer a raíz del comunicado de la CNMC, que ha analizado el proyecto de real decreto por el que se modifica la normativa que regula el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios.
Para conocer la postura del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), desde este medio hemos hablado con su presidenta Marta Vall-llossera, que comienza destacando los objetivos establecidos por la Unión Europea para la descarbonización del parque edificado: en el año 2030, se tendrían que haber reducido las emisiones en un 40 % y, en 2050, lograr la descarbonización total.
“En España, más de la mitad de los 25,7 millones de edificios que integran el parque residencial se construyeron antes de la primera normativa que exigía unos mínimos de eficiencia energética, en el 1979. Con el fin de alcanzar los objetivos comprometidos, tendríamos que rehabilitar entre 300.000 y 350.000 viviendas al año, con la complejidad de que ningún edificio es igual que otro”, apunta.
“Más de la mitad de los 25,7 millones de edificios que integran el parque residencial se construyeron antes de la primera normativa que exigía unos mínimos de eficiencia energética”.
Certificación energética: diagnóstico “riguroso”
Para garantizar su eficiencia energética, Vall-llossera expresa que no solo basta con conocer sus instalaciones o una parte de él, sino que es necesario un “diagnóstico riguroso” basado en un conocimiento global del edificio, de su ciclo de vida y de sus elementos activos (instalaciones) y pasivos (arquitectura). “El profesional de la arquitectura cuenta con la formación precisa en los usos y en el entendimiento del edificio en su totalidad”, declara.
Y continúa: “Al carecer de ese diagnóstico de conjunto, que solo puede ofrecer un técnico competente con ese grado de conocimiento, la certificación energética ha ido convirtiéndose en un documento con datos imprecisos y de escasa utilidad más allá del mero cumplimiento de la obligación de tenerla en el caso de una transmisión. En resumen, se ha devaluado y se le ha condenado a ser una carga económica para los usuarios”.
Vall-llossera: “Este modelo tiene que cambiar”
Por todo ello, Vall-llossera asevera que desde el CSCAE y los Colegios de Arquitectos llevan años haciendo hincapié en que, si el objetivo es garantizar el bienestar de los consumidores y su interés económico, este modelo tiene que cambiar y el certificado de eficiencia energética reunir “unos estándares mínimos de calidad” que aseguren a los ciudadanos que están recibiendo un “diagnóstico preciso” de las emisiones reales de sus hogares basado en el ciclo de vida del edificio y en su potencial de mejora.
“El certificado de eficiencia energética tiene que reunir unos estándares mínimos de calidad”.
“Si no es así, estaremos jugando con su confianza y comprometiendo su economía, su confort y la sostenibilidad de nuestras sociedades y de nuestro planeta”, concluye la presidenta del consejo.
Esta noticia tendrá continuidad mañana con la postura del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI).
